Y se llegó el martes con «M» de «Mundial», «MORENA», «mentiras» y «ma… lísimo» cierre de periodo ordinario en la 65 Legislatura. Un martes con capirotada informativa un tanto falta de sazón porque el clima en Zacatecas se siente como fin de sexenio.
Por supuesto, la principal atención está concentrada en el proceso interno de MORENA y sus aliados del PT y PVEM para seleccionar a sus coordinaciones estatales de sabe qué tanto (ya sabe, las prepreprepreprecandidaturas a la gubernatura), un proceso que transita entre fricciones y llamados a la unidad y al respeto a las reglas de la convocatoria emitida.
Será que en los hechos ocurre todo lo contrario: divisiones, golpeteo entre aspirantes, guerra sucia (tan sucia como la trayectoria de quienes aspiran a la coordinación), acarreo, dispendio, espectaculares por doquier y hasta un cínico uso de recursos públicos en algunos casos. Cosas que ni siquiera se llegaron a ver en tiempos del PRIAN. Porque aunque digan que «no van por cargos ni oficinas«, la pelea intestina por los puestos deja ver todo lo contrario.
Y han de disculpar que en este espacio aún tengamos reservas sobre la convocatoria emitida por la dirigencia nacional de MORENA para la selección de sus coordinaciones de sabe qué. Porque dichas posiciones son partidistas, de consulta popular, pero donde el pueblo no votará directamente por dichas posiciones que competen (en teoría) únicamente a la vida interna de un partido político, por mucho que se trate de la defensa de un proyecto de nación.
Esas lagunas semióticas son las que se cuelan en los vacíos jurídicos en materia electoral y que permiten a MORENA (y sus aliados) incurrir en actos proselitistas mucho antes de arrancar formalmente el proceso electoral. Pero, pues, cada quién…
Por lo pronto, partimos de siete aspirantes que solitaron su registro en la convocatoria correspondiente al estado de Zacatecas: Verónica Díaz, Ulises Mejía, Geovanna Bañuelos, Carlos Puente, Julia Olguín, José Narro y Zaira Ivonne Villagrana.
Elllas y ellos, desde el momento en que solicitaron su registro (el cual está en etapa de validación por la Comisión Nacional de Elecciones), están sujetos a la Base Séptima de la convocatoria, que les obliga a realizar recorridos casa por casa, reuniones vecinales, organización de asambleas en plazas y/o lugares públicos, o en espacios cerrados según las condiciones climáticas o logísticas.
Su deber, según la convocatoria, será «informar al pueblo de México sobre los logros de la Cuarta Transformación, fortalecer la organización territorial del movimiento, impulsar la integración y consolidación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y actividades en defensa de la Soberanía Nacional«.
¿Entonces todo se reduce a elegir a quien mejor persuada a la población sobre un guión preestablecido? Vaya criterios si se piensa que, en una precampaña, el objetivo sería elegir al perfil con las mejores propuestas y mayor respaldo social, lo que obligaría a que cada uno y cada una partiera de un proyecto estatal alineado con el proyecto de nación de la 4T.
Y aunque la Base Octava de la convocatoria establece las prohibiciones para las y los aspirantes, en aras de generar condiciones de equidad para todas y todos, en los hechos la realidad es distinta.
Porque según esta base, quedan prohibidas las campañas dispendiosas, espectaculares o erogación de recursos contraria a los principios de austeridad, incluyendo el uso de presupuesto público o bienes gubernamentales.
Pero también se prohíbe la intervención de servidores públicos, desde gobernadores y gobernadoras y sus respectivos gabinetes; alcaldes y alcaldesas y sus colaboradores de primer nivel; coordinadores de bancadas de MORENA a nivel federal y estatales; directivos de cuerpos legislativos federal y estatales; dirigentes nacionales o estatales de MORENA, así como integrantes de sus comisiones.
SI Usted piensa en un perfil que ha incurrido en todos estos puntos que prohíbe la convocatoria, será porque busca burlar los vacíos de la convocatoria: prohíbe el uso de presupuesto público, pero no a través de terceros; prohíbe la participación de gobernadores, alcaldes o gabinetes de primer nivel, pero no subordinados, mucho menos servidores de la nación; prohíbe la intervención de coordinadores de bancada, pero no del resto de legisladores y legisladoras; prohíbe la participación de dirigencias o integrantes de comisiones de MORENA, pero no de sus estructuras.
Así pues, quien desde hoy busca los puntos ciegos de una convocatoria en aras de lograr eventualmente una candidatura a la gubernatura, ¿qué no haría una vez llegando a la gubernatura?
Tal vez por eso las ausencias también son notables, como algunas y algunos diputados de la 65 Legislatura, que este martes concluye su segundo periodo ordinario del segundo año constitucional.
La verdad sea dicha, esta Legislatura peca de gris, de perfiles preparados y con la altura discursiva (y oratoria) que exigiría un cargo de representación popular, y ni qué decir de las iniciativas que van y vienen o se quedan estancadas en la congeladora.
Quizá lo único positivo que vaya a heredar la 65 Legislatura es la aprobación de diversas reformas como parte de una agenda feminista, desde la interrupción legal del embarazo, hasta la tipificación de diversos delitos que afectan principalmente a mujeres, niñas y adolescentes.
Porque más allá de esta agenda, el resto se reduce a homologación de disposiciones federales (como la reforma judicial o la extinción del IZAI), iniciativas electorales que dan marcha atrás o se quedan en los archiveros de las comisiones dictaminadoras, o exhortos a manos llenas que terminan en llamados a misa.
De pronto, no obstante, hay uno que otro destello de iniciativas que sí llegan a tener un impacto en la vida cotidiana de la población, como el dictamen aprobado en sesión de este lunes por el que se reforman la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas y la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Gracias a estas reformas, en adelante se da reconocimiento legal a las enfermedades autoinmunes (como el Lupus, también susceptible de beneficiarse con la Pensión universal para personas con discapacidad) y se otorgan licencias de discapacidad temporal a quienes las padecen.
A la vez, se otorgó a María de los Ángeles Moreno Padilla la medalla de reconocimiento por la defensa de los derechos humanos, el combate a la discriminación y la tolerancia «Gilberto Rincón Gallardo y Meltis» 2026. Y se aprobó el dictamen por el que se otorga a Leonor Varela Parga la Medalla «Tomás Torres Mercado» al Mérito Jurídico del Estado de Zacatecas, «por su destacada trayectoria en las ramas del derecho, la administración pública, la docencia, la abogacía y el servicio público«.
Interesante también fue la iniciativa presentada por el diputado Martín Álvarez para brindar protección jurídica a personal docente que es víctima de amenazas por su labor, muy diferente a la ocurrencia de una nueva Ley del Issstezac que no sólo cambia la denoninación del Instituto, sino que, en aras de darle viabilidad, aumenta cuotas en lugar de atender los desfalcos que hoy tienen al Issstezac en la lona del quebranto financiero.
Por lo demás, a nada de concluir su segundo año de mandato y en el preámbulo de un proceso electoral en el cual varios y varias buscarán repetir en el cargo o alguna otra posición de representación popular, no se espera gran cosa de quienes integran la 65 Legislatura. Y no: no se les exigen pleitos de mercado como los que caracterizaron a la 64 Legislatura; se les exige sustancia, que de verdad se vea que desquitan sus ingresos por una labor legislativa. Es cuanto.
