Están muy equivocados y equivocadas si quienes aspiran a la coordinación estatal de defensa de sabe qué tanto esperan que los medios de comunicación les hagan el trabajo de fiscalizar y denunciar a quienes violenten las reglas de la convocatoria publicada por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA.
Su omisión (porque eso es) va más allá de una responsabilidad moral y ética congruente con los principios de su partido y movimiento; en el fondo demuestra una falta de… valor necesaria y urgente ante una izquierda que se debilita por ser permisiva con su propia corrupción.
Esto viene a colación por la asamblea informativa realizada este domingo en el municipio de Fresnillo, donde en apariencia se intentó vender como una convocatoria para las y los siete aspirantes a la coordinación estatal de defensa de sabe qué tanto (o sea, la prepreprepreprecandidatura a la gubernatura), pero que casualmente sólo fue atendida por la senadora con licencia Verónica Díaz Robles.
Mientras se acusaba desplante del resto de aspirantes (Ulises Mejía, Geovanna Bañuelos, Carlos Puente, Julia Olguín, José Narro y Zaira Ivonne Villagrana), se omitía olímpicamente la participación del gobernador David Monreal y del presidente del consejo político estatal de MORENA, Rubén Flores Márquez, en dicha asamblea informativa cuando la Base Octava de la convocatoria de MORENA lo prohíbe expresamente.
Dicha base, en teoría, pretendía garantizar condiciones de equidad para todas y todos los aspirantes. En los hechos, hay quien busca los puntos ciegos para sacar ventaja.
Y si bien la senadora Geovanna Bañuelos o el diputado federal Carlos Puente están sujetos a los estatutos de sus partidos (más flexibles en sus reglas que MORENA), no por ello tendrían mayor ventaja que quien reiteradamente se empeña en burlar las reglas del proceso interno de MORENA.
La Base Octava, recordemos, prohíbe expresamente la intervención de servidores públicos, desde gobernadores y gobernadoras, y sus respectivos gabinetes; alcaldes y alcaldesas, y sus colaboradores de primer nivel; coordinadores de bancadas de MORENA a nivel federal y estatales; directivos de cuerpos legislativos federal y estatales; dirigentes nacionales o estatales de MORENA, así como integrantes de sus comisiones.
Sin embargo, ya desde su «arranque de campaña«… perdón, desde su primera asamblea informativa como aspirante en Plazuela Miguel Auza, el pasado 28 de junio, Verónica Díaz se vio arropada por subsecretarios del gabinete estatal (recuérdese que sólo está la prohibición para el gabinete de primer nivel, no subordinados); diputados y diputadas locales de MORENA y PVEM (aunque no el coordinador de la bancada de MORENA, Jesús Padilla); servidores de la nación y hasta la presidenta del Órgano de Administración Judicial, Norma Esparza. Ojo: a ninguno se lo prohíbe la convocatoria.
Apenas va la primera semana desde que cerraran las convocatorias de MORENA para la elección de coordinaciones estatales de sabe qué tanto y ya tenemos sendas muestras de que no se están respetando las reglas, ni de las y los aspirantes, ni de las y los gobernadores.
El caso de Zacatecas es más que significativo. Mientras hay quienes acatan el candado antinepotismo electoral, hay quienes buscan burlas las reglas de la convocatoria correspondiente.
Si este actuar no tiene consecuencias para la Comisión Nacional de Elecciones, para la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o incluso para la dirigencia nacional de MORENA, hoy en manos de Ariadna Montiel, se estará enviando un mensaje más que claro al resto del país: si en Zacatecas se permite este injerencismo, eso daría pie a que gobernadores y gobernadoras de otros estados, o dirigentes partidistas, también intervinieran en este proceso interno de MORENA, pese a estar expresamente prohibido.
En el remoto caso de que sí hubiera consecuencias, ¿podría conducir a la invalidación de las respectivas convocatorias y a reponer desde cero todo el proceso?, ¿o únicamente se sancionaría a quien haya incurrido en las prohibiciones de la Base Octava?
Porque más allá de los llamados a la unidad y a respetar las reglas (Geovanna Bañuelos y Carlos Puente), o de presumir la suma de estructuras de otros aspriantes (Ulises Mejía), el mensaje de fondo es el mismo: un movimiento que se hace de la vista gorda con su propia corrupción. Denunciarlo está en sus manos, no en las manos de los medios de comunicación.
Colofón
Este lunes se celebrará el séptimo periodo extraordinario de la 65 Legislatura y, como ya habíamos adelantado, se pretende someter a discusión y votación el dictamen sobre la solicitud de desincorporación y posterior enajenación en «dación de pago» del Hotel Parador.
Si se aprueba o no, o incluso si el dictamen es devuelto a la comisión dictaminadora para un análisis más exhaustivo, lo irrisorio es la reacción del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundarias del Estado de Zacatecas (SITTEZ) o de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaicón (SNTE).
Porque a través de sendos posicionamientos difundidos en redes sociales, los dirigentes Ernesto Macías Silva (SITTEZ) y Marcelino Rodarte (SNTE Sección 58) hoy apelan a posponer la aprobación del dictamen hasta agotar la discusión con la derechohabiencia, pero fueron los mismos que en junio de 2025, en sesión de la Junta Directiva del Issstezac, dieron su voto a favor de la desincorporación y posterior enajenación. Pero, pues, cada quién…
