Obligados a sesionar en las instalaciones del COZCYT por una nueva toma de la sede legislativa, diputados locales clausuraron el segundo periodo ordinario del segundo año constitucional de la 65 Legislatura, un cierre que dejó en vilo al menos dos temas importantes.
La toma del Congreso del Estado no fue gratuita, responde a la iniciativa por la que se pretende desincorporar el Hotel Parador, aún propiedad del Issstezac, para su posterior enajenación en la modalidad de «dación de pago» al Gobierno del Estado a fin de saldar adeudos que mantiene el instituto.
Qué curioso que, cuando se lo proponen, diputados y diputadas locales agilizan el proceso de dictaminación únicamente para determinadas iniciativas de particular interés como la mencionada, que apenas se presentó la semana pasada y este martes fue dictaminada en comisiones y directamente presentada para primera lectura (omitida porque «ya estaba publicada en la Gaceta Parlamentaria») ante el Pleno.
Porque previo a la sesión ordinaria, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sesionó para emitir el dictamen correspondiente, quizá con la esperanza de que el mismo martes se sometiera a discusión y votación, aunque ya desde la comisión no parecía haber consenso, pues se fue aprobado con los votos a favor de Ruth Calderón y Lindy Bugarín, en contra los diputados Maritere López y David González, la abstención de Alfredo Femat y Marco Vinicio Flores, y el voto de calidad de la presidenta de la Comisión, Calderón Babún.
En el larguísimo contenido del dictamen, sin embargo, hay un punto de especial relevancia: el acta correspondiente a la sesión extraordinaria de la Junta Directiva del Issstezac celebrada el 9 de junio de 2025 en la que se aprobó el Acuerdo 3664/085/2025 JDI, en la que se autoriza a la Dirección General encabezada por Ignacio Sánchez a desincorporar de su patrimonio el Hotel Parador.
El problema es que la referida acta no se ha publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), como muchas otras que coinciden con el proceso de extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), lo que nos hace preguntarnos qué otras decisiones tomó la Junta Directiva que no se han socializado.
Además, según el cuerpo del dictamen, el referido acuerdo habría sido aprobado por unanimidad de cinco integrantes de la Junta Directiva presentes. Si nos remitimos al artículo 106 de la Ley del Issstezac vigente, tenemos que esta junta se integra por cuatro consejeros representantes de los entes públicos y cuatro por parte de los trabajadores, con derecho a voz y voto:
- El secretario de Finanzas
- El secretario de Administración
- El titular de la Unidad de Planeación (COEPLA)
- El secretario de Economía
- Representante SUTSEMOP
- Representante Sección 58 SNTE
- Representante SITTEZ
- Representante SUPDACOBAEZ
Aunque se desconoce el contenido íntegro del acta, es posible suponer que cuatro votos correspondieron a las representaciones de los entes públicos. El quinto voto, en consecuencia, recaería en una de las cuatro representaciones sindicales. ¿Cuál de ellas empeñó el patrimonio de las y los trabajadores y a cambio de qué?
El artículo segundo transitorio del dictamen correspondiente, por otra parte, especifica que se tomará en cuenta el avalúo comercial (no el catastral), es decir, 364 millones 320 mil 43.64 pesos con los que se saldaría el adeudo del Issstezac con el Gobierno del Estado por unos 315 millones de pesos y el remanente, unos 49 millones 320 mil 43.64 pesos, serían transferidos por la Secretaría de Finanzas al Instituto.
Como el proceso legislativo dejó el dictamen apenas en su primera lectura, queda en el limbo si se convocaría a periodo extraordinario para su segunda lectura, discusión y votación o si la 65 Legislatura se esperaría hasta inaugurar el primer periodo ordinario del tercer año constitucional.
Por lo pronto, a través de sus redes sociales, la diputada local Renata Ávila adelantó que la bancada del PT que comparte con su homólogo Alfredo Femat votarían en contra del dictamen, «porque estamos convencidos de que el patrimonio del Issstezac pertenece a sus derechohabientes«.
Y remató: «La crisis del Instituto exige soluciones de fondo, no decisiones que sienten el precedente de seguir desprendiéndose de sus bienes. Defender el patrimonio de las y los trabajadores también es defender su derecho a una seguridad social sólida y sostenible«.
En la misma situación se encuentra otro dictamen derivado de una iniciativa que presentara en marzo de este año el diputado Oscar Novella por la que se busca regular los servicios de alojamiento a través de plataformas digitales. Un dictamen que quedó en primera lectura y estaría en espera de un periodo extraordinario, o volver hasta el siguiente periodo ordinario, para su segunda lectura, discusión y votación.
La iniciativa, más que recaudatoria (un aspecto que generó ámpula entre quienes hoy evaden el Impuesto al Hospedaje porque no están obligados a pagarlo todavía), busca dar certeza a usuarios de este tipo de servicios no sólo por certificaciones o que se encuentren formalmente establecidos (que paguen impuestos).
La importancia de esta iniciativa radica en que, una vez aprobado el dictamen (si es que se aprueba), las y los propietarios estarían obligados a cumplir con normatividad en materia de seguridad y protección civil, a colocar señalética alusiva a estas disposiciones y a inscribirse en un registro estatal. Y si nos extendemos, también podrían existir beneficios en materia de seguridad, especialmente si este tipo de servicios de alojamiento son utilizados para la comisión de delitos.
Por lo pronto, así concluye el segundo año de labores legislativas en un Zacatecas ya inmerso en un calendario electoral. Cualquier acción u omisión tendrá repercusiones mayores a partir de ahora. Pero, pues, cada quién…
