De acuerdo con el diputado local Marco Vinicio Flores, este viernes se tendrá el desenlace de este melodrama sobre el Hotel Parador, luego de que el juzgado tercero de distrito concedió una suspensión provisional para detener el proceso de desincorporación y posterior enajenación en la modalidad de «dación en pago» en favor del Gobierno del Estado de Zacatecas para saldar un adeudo que ronda los 315 millones de pesos.
Claro que este desenlace no es el fin de la telenovela, pues aún queda la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que con frecuencia le ha corregido la plana a Zacatecas tratándose del Issstezac.
Más allá de que la aprobación del dictamen correspondiente no fue en los mejores términos, ni mucho menos la discusión sobre los antecedentes que llevaron a esta desincorporación de los activos del Instituto (una discusión en la que se tiran muchas piedras, pero nadie se hace responsable de la parte que le toca en el deterioro del Issstezac), hay un punto medular que poco se ha tratado: el estudio actuarial del que se partió para tomar la decisión sobre el destino del Hotel Parador.
La persona responsable de dicho análisis fue Francisco Miguel Aguirre Villarreal, actuario certificado en pasivos contingentes No. 91, cuyo último estudio actuarial respecto a la situación del Issstezac (y que fue la base para la dictaminación en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 65 Legislatura) está fechado el 10 de febrero de 2026 en Saltillo, Coahuila.
En el extenso estudio de valuación actuarial de la Ley del Issstezac con las reformas y adiciones en 2024 se concluyen varios escenarios hipotéticos y algunas propuestas para darle viabilidad al Instituto, entre otros, el ajuste de cuotas y aportaciones, aportaciones extraordinarias para un saneamiento financiero, así como la venta de activos con pérdidas para incrementar la reserva líquida.
Son las mismas conclusiones, con los mismos escenarios hipotéticos, resultantes de otro estudio actuarial al Issstezac, también del mismo actuario Francisco Miguel Aguirre Villarreal, según consta en el documento remitido el 14 de noviembre de 2024, también realizado en Saltillo, Coahuila.
Y no es como que dicho actuario certificado en pasivos contingentes recomiende siempre la venta de activos para incrementar las reservas líquidas de los institutos de pensiones. De hecho, se pueden consultar otros estudios actuariales en los que, por lo regular, propone el incremento de cuotas y aportaciones, aumentar las aportaciones extraordinarias, ajustar las tasas de rendimiento, o modificaciones en esquemas de menor riesgo de descapitalización, como los casos de Atotonilco, Veracruz o Jalisco.
El caso de Zacatecas, sin embargo, ha implicado otras consecuencias luego de la reforma de 2024 a la Ley del Issstezac, incluyendo la Acción de Inconstitucionalidad 149/2024 sobre el aguinaldo a pensionados. Y los escenarios propuestos por el actuario Aguirre Villarreal se sustentan en la hipótesis de venta de activos que generan pérdidas estimadas en 175 millones de pesos anuales, para irlas reduciendo en 25 millones anuales hasta quedar en 50 millones de pérdidas a partir del año 2030.
¿Qué implica en el corto plazo? De seguir esta hipótesis, la venta de activos para incrementar los flujos líquidos significaría unos 902 millones de pesos, lo que reduciría la presión por el déficit entre activos y pensionados que asciende a unos 39 mil 63.40 millones de pesos.
Pero darle viabilidad financiera al Instituto también podría implicar que las aportaciones sobre la nómina de cotización alcancen el 63.00% (incluyendo aportaciones extraordinarias) desde hoy y hasta el 2065, para luego estabilizarse en 15.20% a partir del año 2026.
En cualquier caso, los escenarios dependen invariablemente de hacer líquidas las reservas que hoy se encuentran invertidas en bienes inmuebles y de la cancelación de actividades empresariales que generan pérdidas.
Y todo indica que esa es la ruta que estarían siguiendo actualmente para darle viabilidad al Instituto, sin lesionar los ingresos de los trabajadores con un incremento desmedido en las cuotas y aportaciones, además de reducir las pérdidas por activos con déficit.
Eso significaría que el Hotel Parador no sería el único activo del que se desprendería el Issstezac, pues también estarían en ese escenario Paraíso Caxcán, el Hotel Mesón de Jobito y quizás otros bienes inmuebles que ya no resultan rentables.
Más allá de quiénes votan a favor o en contra de la venta del patrimonio de la derechohabiencia (un escenario que se ve más que probable, por los antecedentes recientes), es crucial que se garantice la transparencia en estos procesos. No sea que dicho patrimonio se malbarate en beneficio de particulares para hacer negocio a costa de la misma derechohabiencia. Pero, pues, cada quién…
Por lo pronto, en este espacio nos vamos de vacaciones. Y nos leemos pronto.
