Este miércoles discutimos un dictamen a la Ley Federal del Derecho de Autor en la Cámara de Diputados. Bajo el pretexto de cumplir con los compromisos del T-MEC. ¡Ajá, los que no quieren injerencia le cumplen a Donald Trump! Este dictamen busca crear un andamiaje peligroso que amenaza directamente las libertades digitales de las y los mexicanos.
El dictamen pretende obligar a los proveedores de telecomunicaciones y de acceso a la red a contar con una política rigurosa de terminación del servicio para «infractores reincidentes», abriendo la puerta para que se corte el acceso a internet de forma discrecional y sin las garantías jurídicas indispensables.
Esto no es otra cosa que un mecanismo de censura indirecta, preventiva y sumamente peligrosa para la deliberación pública.
Las reglas propuestas son demasiado amplias, ambiguas y carecen de la precisión necesaria. ¿Quién va a decidir cuándo un contenido en internet infringe verdaderamente los derechos de autor y cuándo se trata simplemente de una crítica, una sátira, una parodia o un meme? En una auténtica democracia, el gobierno y sus instituciones deben aprender a tolerar la crítica pública y la expresión libre de la ciudadanía.
Pretender castigar a los intermediarios tecnológicos y dejarlos como jueces improvisados sobre lo que se puede o no publicar genera un profundo efecto inhibidor.
Esto obliga a las plataformas y a los proveedores a borrar contenidos de más por el simple miedo a recibir multas millonarias por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las cuales van desde las quinientas hasta las 40 mil veces la UMA.
Pero este clima de control y hostilidad contra la libre expresión no ocurre en el vacío.
Los datos duros sobre el ejercicio periodístico en México son escalofriantes: desde el año 2000 a la fecha se han documentado 181 asesinatos de periodistas con posible relación a su labor informativa, y en lo que va de este 2026 ya se contabilizan 8 periodistas asesinados, incluyendo casos recientes como el del fotógrafo Ricardo Zúñiga Rosas en Puebla.
¿Y saben quiénes son los principales agresores?
El informe anual Estructuras del silencio de Artículo 19 señala que históricamente las autoridades y funcionarios públicos representan casi el 45% de las agresiones contra la prensa, superando incluso al crimen organizado.
Tan solo en el último año completo evaluado se cometieron 451 agresiones, un ataque cada 20 horas, perpetradas en un 44% mediante amenazas, campañas de desprestigio en redes sociales y discursos oficiales estigmatizantes.
El acceso a Internet es un derecho humano fundamental protegido por nuestra Constitución, vinculado directamente a la libertad de expresión y al derecho a la información.
Cortarlo por una simple acusación de derechos de autor, sin una resolución judicial definitiva y firme, vulnera el debido proceso y castiga a los usuarios de manera totalmente desproporcionada.
Por eso votamos en contra, porque no vamos a estar a favor nunca de la censura y que se nos quite el internet como el último reducto de la libertad en este país.
