Ese fue el mantra del secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, durante su comparecencia ante la 65 Legislatura con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, no sin antes enfatizar que «no habrá año de Hidalgo en esta administración». Claro…
Más allá de que el acto de rendición de cuentas fuera pospuesto respecto a la fecha inicialmente programado, fue notable la escasa participación de las y los diputados locales durante la comparecencia, con las intervenciones de Renata Ávila, Eleuterio Ramos y Maritere López, más la asistencia de sus homólogos Jesús Padilla y Oscar Novella. Sólo cinco de 30 que integran el Pleno.
Este hecho es significativo, considerando que fue el Poder Legislativo el que ratificó el nombramiento del secretario que en su momento hiciera el gobernador David Monreal, lo que ameritaba doblemente una responsabilidad para la rendición de cuentas ante quienes habían dado ese voto de confianza.
Sobra decir que buena parte de la comparecencia transcurrió entre reconocimientos al personal que integra la SFP en sus diversas áreas y funciones, así como un recuento de cifras y resultados en cinco años de administración. Sin embargo, además de quedar preguntas sin responder, en lo informado también hubo omisiones notables.
Ciertamente, González Romo tiene razón cuando afirmó que la sociedad le exige a esta dependencia resultados en el corto plazo, que se dificultan por los plazos que exigen los procedimientos que realiza y que así están determinados por ley, lo que trae como consecuencia el prejuicio de que la SFP no está dando los resultados que espera la sociedad.
No obstante, esto último sería relativo, más cuando se guarda silencio ante presuntos actos de corrupción, o cuando se acusa que estas denuncias se realizan con motivaciones políticas. Recuérdese que el actuar de la Secretaría de la Función Pública debe ser institucional, sin filias ni fobias, tal como lo asentó en su mensaje el propio titular.
De aquella conferencia que ofreciera la entonces secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, durante el primer año de la «nueva gobernanza» para anunciar procedimientos sancionatorios que implicaban como 170 años de inhabilitaciones por un probable daño al erario cercano a los 593 millones de pesos, seguimos sin conocer cuántos de estos procedimientos llegaron a una sentencia en firme, un aspecto preocupante porque significa que se está cumpliendo en eso de «castigar la corrupción del pasado«.
De hecho, que la comparecencia se centrara en los procedimientos sancionatorios iniciados, pero no los ya concluidos, con sentencia en firme a favor del estado, ya dice mucho de quien hizo de la lucha anticorrupción su principal bandera, pero también de una administración cuyo discurso se sustentó en los principios de «no mentir, no robar y no traicionar al pueblo«.
En el fondo, este acto de rendición de cuentas pareció más un acto para justificar las metas no logradas, aunque las omisiones también fueron significativas, como pasarse por alto la respuesta a los cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en la asignación de obras para el denominado Mundial Social.
En cambio, medio respondió a los cuestionamientos a la investigación realizada por este espacio en la que revisamos 1 mil 430 licitaciones, que implicaban una inversión aproximada de 14 mil 636.1 millones de pesos, pero de las cuales en más del 50% se había descalificado a las propuestas más económicas o eran licitaciones con una sola propuesta.
Que en un mes se tenga apenas un avance de 30 licitaciones revisadas, en las que no se hayan confirmado sospechas de corrupción, y que en dos semanas se vaya a presentar un informe final de estas verificaciones resulta, por decir lo menos, preocupante considerando que la investigación presentada tomó más de ocho meses en su realización y abarca los procedimientos de licitación de cinco años de administración.
Más que denunciar actos de corrupción en concreto, la investigación se centró en mostrar un patrón de factores que incidieron en beneficiar a un pequeño grupo de empresas que acapararon estas contrataciones. Y únicamente hablamos de licitaciones, pues aún no se abordan las irregularidades detectadas en las adquisiciones que no pasaron por licitación o las adjudicaciones directas.
De los 30 casos que González Romo dijo que ya se habían verificado, señaló que había empresas que no contaban con la solvencia para realizar los trabajos y que en la inspección in situ del domicilio fiscal se encontraban en algunos casos con lotes baldíos.
Dicha verificación es pertinente porque permitiría descartar algunas de las irregularidades señaladas en la investigaciíon en comento; sin embargo, también haría falta verificar a las empresas (personas físicas y morales) que sí ganaron alguna licitación, pero que quizá se encontraban en el mismo supuesto.
Hablamos de empresas constructoras que ganaron contratos de obra pública por varios millones, pero en cuyo domicilio fiscal también hay casos de lotes baldíos, tortillerías o hasta una lavandería. No ofrecemos los números de licitación en espera de que la SFP también revise este tipo de licitaciones y ofrezca, igualmente, un informe detallado.
Porque revisar únicamente los casos de descalificación, pero no corroborar los casos de los fallos a favor, más bien sugiere que el trabajo de la SFP se concentra en justificar decisiones que han contribuido a la percepción del «sexenio de Hidalgo», por mucho que se nos prometa que no habrá «año de Hidalgo».
Entre otras omisiones, el secretario de la Función Pública sí dijo que tenían más de 200 mil declaraciones patrimoniales de servidores públicos, lo que no dijo fue cuántas no se presentaron, de qué servidores públicos y los procedimientos sancionatorios correspondientes. Ya eso de verificar que las declaraciones sí correspondieran con los ingresos declarados, eso ya es avaricia. Y eso de revisar por qué no se ha publicado la declaración patrimonial de 2025 del jefe de Oficina del Gobernador, Carlos Alberto Zúñiga Rivera, eso ya es mucho pedir.
Tampoco hubo aclaraciones sobre la intervención de la SFP en las acusaciones sobre los cuestionadísimos subsidios a la vivienda, o la continuidad de la llamada «nómina secreta» (ya sabe, los llamados «estímulos por responsabilidad en el cargo») criminalizada por el propio González Romo desde que era diputado local (pero de la que hoy se beneficia como titular de la SFP), los «estímulos por única ocasión» entregados a contentillo, los casos que ameritaron sanciones a empresas por incumplimentos de contratos, o incluso si hubo casos donde ser tuviera que hacer efectiva la fianza de vicios ocultos.
Y aún es larga la lista de preguntas que no se hicieron, pero que también se omitieron en la rendición de cuentas de Ernesto González Romo. En este último año de administración quedará en duda ese mantra de que «hasta que la honestidad se haga costumbre». Hasta entonces, vemos, vemos…
