El sexenio de Hidalgo

Era octubre de 2023. En el Pleno de la 64 Legislatura se desarrollaba la Glosa con motivo del Segundo Informe de Gobierno. En particular, durante las comparecencias de los titulares de las secretarías General de Gobierno, de Obras Públicas, de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Social y de Agua y Medio Ambiente, el entonces diputado local José Juan Mendoza Maldonado se refirió en reiteradas ocasiones a un calcetín al que la «nueva gobernanza» había hecho demasiados hoyos.

Sus acusaciones giraban en torno al jefe de Oficina del Gobernador, Carlos Alberto Zúñiga Rivera, a quien en adelante apodaría como «Zuñi«. Le acusaba como principal responsable de la inoperancia en la actual administración. Hablamos de que apenas habían transcurrido los primeros dos años del sexenio.

En palabras del entonces diputado local, «Zuñi» prácticamente era el gobernador en funciones (no el constitucional), pues ya no sólo decidía sobre la plantilla laboral de todas las dependencias, sino que ninguna obra pública podía ser asignada sin su consentimiento, lo mismo que la contratación de bienes y servicios. Y toda decisión pasaba por su escritorio.

En sus diversas intervenciones durante las comparecencias del Segundo Informe de Gobierno, Mendoza Maldonado acusaba que toda la obra pública se decidía en la oficina de «Zuñi«, «donde se mocha, donde se reparte el calcetín, por indicaciones de ya saben quién. Pero ya dijimos que le hace agujeritos a veces, trae algunos problemas, ya traicionó a Verónica (Díaz Robles)«.

Como se recordará, desde ese tiempo (2023) ya se hablaba de una supuesta ruptura entre la entonces delegada de Programas para el Desarrollo en Zacatecas y quien fuera su subdelegado regional en la misma delegación.

Tras su paso por la llamada Delegación del Bienestar, en septiembre de 2021, Zúñiga Rivera fue designado, primero, como secretario de Desarrollo Social, y luego, en abril de 2023, como jefe de Oficina del Gobernador, cargo que ha ostentado hasta la fecha, aún con el rumor de una supuesta ruptura con Díaz Robles.

Mientras se desempeñaba como titular de la SEDESOL, Zúñiga Rivera rindió en octubre de 2022 su única comparecencia en lo que va del sexenio ante el Poder Legislativo, con resultados (es un decir) que se limitaban a proyectos que apenas iban a poner en marcha y con cerca de 70% de su presupuesto en subejercicio.

Además, presumió como un logro el recorte de hasta 45% de la plantilla laboral de la Secretaría de Desarrollo Social, una dependencia que, a su salida, dejó en la inoperancia. Y de ello han podido dar cuenta sus sucesores Sergio Casas (de vuelta en la Delegación del Bienestar) y Bennelly Hernández.

Un año después, ya como jefe de Oficina del Gobernador, y ante los ataques del entonces diputado Juan Mendoza, ninguno de sus compañeros de gabiente que comparecían ante la 64 Legislatura alzó la voz en su defensa. Hicieron mutis y se enfocaron en los resultados de sus propias dependencias. ¿Desde entonces aplicaba eso de que «el que calla, otorga»?

Pues bien, este preámbulo es necesario para entender el contexto de la investigación que hoy presentamos en Lalalá News, una investigación que ha implicado la revisión minuciosa de 1 mil 430 licitaciones en cinco años de gobierno, un análisis del que descartamos 22 licitaciones que, aunque su convocatoria ya haya cerrado, aún están pendientes de celebrar la junta de apertura y presentación de propuestas técnicas y económicas, o para dictaminación y fallo.

Entre los principales hallazgos, confirmamos diversos patrones sobre los cuales hemos insistido durante varios años y que se repiten de manera muy peculiar. Hablamos de esquemas de presunta simulación de licitaciones en las que quienes participan también comparten socios, o son filiales de un mismo corporativo, o pertenecen al mismo capital (o hasta una misma familia), e incluso licitaciones con una sola propuesta que no garantiza que sea la oferta más económica.

Además de identificar cuáles son las personas físicas o morales más beneficiadas con este y otros esquemas que expondremos a continuación, también nos concentramos en identificar a la burocracia que participó en dichos procesos de licitación donde se detectaron estos patrones. Porque la corrupción no sólo es de un lado.

Asimismo, recabamos diversos testimonios de burócratas, proveedores y contratistas que confirman no sólo estos esquemas por los cuales se ha beneficiado un pequeño grupo de empresas y personas. También ofrecieron información valiosa para seguir la ruta del dinero. A continuación presentamos los principales hallazgos.

Las curiosas licitaciones de la «nueva gobernanza»

Desde septiembre de 2021 hasta septiembre de 2026, en el portal de la Secretaría de la Función Pública, se han publicado 1 mil 430 licitaciones que al día de hoy ya están concluidas. Sin embargo, no todas tuvieron un fallo positivo.

Hablamos de que, en cinco años de administración, unas 142 licitaciones fueron declaradas desiertas, ya sea porque no se presentaron propuestas o porque los licitantes incumplieron con requisitos técnicos y fueron descalificados, por no haber propuestas solventes o porque éstas rebasaban el techo presupuestal:

• – 10 en 2021
• – 37 en 2022
• – 36 en 2023
• – 21 en 2024
• – 19 en 2025
• – 19 en 2026

Además, se documentaron 17 licitaciones canceladas, principalmente por errores administrativos al momento de diseñar las convocatorias, o por factores extraordinarios (como contingencias ambientales) que obligaban a modificar los proyectos y, en consecuencia, la estimación de costos:

• – 1 en 2021
• – 1 en 2022
• – 7 en 2023
• – 4 en 2024
• – 4 en 2025
• – 0 en 2026

De igual forma, detectamos 17 licitaciones en las que nunca se publicó el acta de fallo, pero tampoco se informó si fueron declaradas desiertas o canceladas, por lo que es imposible conocer el resultado:

• – 3 en 2021
• – 10 en 2022
• – 0 en 2023
• – 1 en 2024
• – 1 en 2025
• – 2 en 2026

Así pues, para esta investigación partimos de una base de 1 mil 254 licitaciones efectivas, aquellas donde hay un acta de fallo y hay un resultado a favor de alguna propuesta presentada.

Ese número de licitaciones implicó una inversión de 14 mil 636 millones 126 mil 586.83 pesos, aproximadamente, en cinco años de administración. No obstante, hay que señalar que es un monto aproximado porque hay al menos tres licitaciones de los Servicios de Salud de Zacatecas cuyos anexos donde se desglosan los montos adjudicados no son legibles y es imposible estimar el monto total, pero que implican unos 70 millones de pesos de inversión.

Tampoco se omite que hubo propuestas en las que no se especificó el cobro de IVA (particularmente al tratarse de productos alimenticios, pues en algunos casos sí aplicaba el impuesto), aunque en lo general procuramos estimar los costos incluyendo dicho impuesto para nuestro análisis.

También hay que considerar que, de ese monto total, 3 mil 652 millones 536 mil 850.08 pesos corresponden únicamente a la licitación del Viaducto elevado que nadie pidió y que fue cancelado en mayo de 2025 ante la serie de amparos interpuestos.

Entonces nos restaría un monto aproximado de 10 mil 983 millones 586 mil 736.75 pesos distribuidos entre 1 mil 253 licitaciones efectivas en cinco años de administración:

Al respecto, 76 licitaciones (6.07% de las licitaciones efectivas) concentraron una inversión de 5 mil 491 millones 122 mil 935.91 pesos (49.99% de la inversión en cinco años), en conceptos como infraestructura vial, despensas, combustible, placas de circulación, mochilas escolares, vehículos, paquetes de útiles escolares, infraestructura deportiva o educativa, suministros médicos, software, papelería, así como la modernización del Parque Arroyo de la Plata.

Además, detectamos que en 429 licitaciones se descalificó a las propuestas más bajas (por lo regular, por incumplir requisitos técnicos), que representan el 34.23% de las licitaciones efectivas (1,423), lo que significa que se pudieron haber ahorrado unos 250 millones 845 mil 761.15 pesos de haber dado el fallo a las propuestas más económicas.

Que este patrón se detectara en al menos una tercera parte de las licitaciones en cinco años de administración para favorecer a otras propuestas más onerosas no sólo levanta sospechas de irregularidades, pues además de que con frecuencia los motivos de descalificación eran ridículos o contradictorios respecto a la misma falta en otras licitaciones (por ejemplo, que un documento no llevara numeración de página), también dice mucho de los licitantes que se favorecieron con el fallo, ahí donde detectamos otro patrón.

Por ejemplo, en 281 licitaciones (19.75% de las licitaciones efectivas) tuvieron una sola propuesta participante:

• – 6 en 2021
• – 54 en 2022
• – 77 en 2023
• – 53 en 2024
• – 53 en 2025
• – 38 en 2026

En contraparte, hay dos licitaciones que fueron las de mayor participación, con 20 propuestas cada una: IMPAI-SAMA-ZAC-LP-E01-2022 (SAMA) y EA-932057995-07-2023 (SSZ).

Al evaluar estas irregularidades por ejercicio fiscal, se aprecian cambios significativos una vez que Carlos Alberto Zúñiga Rivera llegó a la Jefatura de Oficina del Gobernador, cambios que pudieran ser mera coincidencia, aunque hay elementos para afirmar que no fue así.

¿Quién se benefició de las irregularidades?

De los 10 mil 983 millones 586 mil 736.75 pesos de inversión en cinco años de administración, al menos 861 millones 237 mil 294.82 pesos (7.84%) fueron específicamente en el municipio de Fresnillo, pero sólo de las licitaciones que así lo especificaban, pues a ese monto se suman otras licitaciones que abarcaban a más municipios y no se desglosaban los montos de inversión.

Se trataría del segundo municipio con mayor inversión, luego de la Capital de Zacatecas, aunque en este caso se sobreentiende, pues en este municipio se concentra la mayoría de los servicios (como Ciudad Administrativa, el Parque La Encantada, el Parque Arrroyo de la Plata, la nueva Universidad Rosario Castellanos, Museos, instituciones educativas, etc.).

Las inversiones que más se diversificaron en municipios corresponden a infraestructura educativa o vial, o acciones de vivienda, concentradas en municipios como Guadalupe, Villanueva, Valparaíso y Loreto. Por lo demás, las grandes inversiones se concentraron en programas estatales de cobertura (teóricamente) para los 58 municipios.

Si hablamos de empresas, Grupo Cimarrón acaparó cerca de 1 mil 535 millones 158 mil 138.22 pesos (13.98% de la inversión total) a través de sus filiales:

• Comercializadora Don Cacahuato S de RL de CV: $267,959,216.00
• Distribuidora Damago SA de CV: $118,462,553.11
• Nomada CO S de RL de CV: $965,455,172.89
• Teenkid S de RL de CV: $183,281,196.22

De hecho, han sido tan prósperos los negocios de Grupo Cimarrón con la «nueva gobernanza» que ya cuenta con nave industrial en el Parque Industrial Aeropuerto (o Sumar I). Sin embargo, la transacción de compraventa no se ha transparentado correctamente en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pues en las actas de las sesiones del Fideicomiso Zacatecas (al menos las correspondientes al ejercicio fiscal 2024, que es donde se detectaron este tipo de transacciones en el Orden del Día) llevan testado el nombre de las empresas.

Con este antecedente, tampoco se puede descartar que la instalación de Grupo Cimarrón haya sido en otra modalidad, ya sea donación o comodato. Lo cierto es que se trata de una de las naves más grandes en dicho parque industrial para albergar a un corporativo con capital en el estado de Chihuahua, pero cuyas principales operaciones habían sido con los gobiernos de Jaime Bonilla y Marina del Pilar en Baja California, con serias acusaciones de sobrecostos.

Su presencia en Zacatecas no sólo se explica por la relación con los gobiernos morenistas en aquella entidad del norte. De hecho, resultan los principales patrocinadores de Julieta Ramírez, recién designada como coordinadora estatal de la defensa de la 4T en Baja California y amiga cercana de su homóloga Verónica Díaz Robles, también designada coordinadora para Zacatecas.

De acuerdo con testimonios de proveedores, Grupo Cimarrón a través de sus filiales ni siquiera habría estado abasteciendo las cantidades pactadas en los contratos. Por ejemplo, en el caso de las mochilas (que se licitan cada año la misma cantidad), dejan de entregar 25 mil o 30 mil, y es un faltante que no se consigna en las bitácoras correspondientes. Lo mismo para otros contratos, como las despensas, paquetes de útiles escolares y demás.

Pero las empresas zacatecanas tampoco se quedan atrás en eso de hacer negocios. Por ejemplo, de la inversión en cinco años de administración, 1 mil 506 millones 218 mil 725.42 pesos (13.71%) se concentró en sólo 13 empresas:

• Ciro del Río Olague: $206,066,701.59
• Riotrac SA de CV: $75,840,521.49
• Triturados Santo Niño SA de CV: $137,354,853.80
• Rivera & Rivera SA de CV: $88,459,390.56
• Construcciones Ekbejo SA de CV: $175,523,747.47
• Asfaltek Delgado SA de CV: $63,755,820.88
• Jorge Eduardo Hiriartt Franco: $187,838,498.90
• Senderos y Espacios SA de CV: $94,993,698.93
• Construcciones y Edificaciones GAMFA SA de CV: $120,631,065.50
• Grupo Nuro Constructor SA de CV: $73,926,772.48
• Automóviles CGE de Zacatecas: $176,702,415.91
• Reyes Jaramillo Constructora SA de CV: $105,125,237.91

Destacamos en particular este listado de empresas porque son las que coinciden como principales beneficiarias de aquellas licitaciones en las que se descalificó a una propuesta más económica. Ya eso de que compartan socios, o que algunas tengan el mismo domicilio fiscal (y hasta compartan apellido), eso ya es lo de menos.

Testimonios sobran de contratistas que nos han referido que, en el caso de quienes participan en el Programa Rescate Carretero, con frecuencia algunas empresas revenden las sobras de una obra en otra licitación, con trabajos deficientes sobre los cuales la Secretaría de la Función Pública (SFP) parece que se hace que la Virgen le habla.

¿Quién facilitó las irregularidades?

No fue casualidad que el pasado viernes 18 de septiembre, en La Chirimba publicada en este espacio, retomáramos el caso de los subsidios a la vivienda del bienestar en la «nueva gobernanza». Porque entre las y los beneficiarios destacan tres nombres que también aparecen con frecuencia en los procesos de licitación.

Gerardo Robles Mata, por ejemplo, empezó esta administración como subsecretario de Desarrollo Social y Atención a la Pobreza en el último trimestre de 2021, periodo en el cual participó en los procesos de licitación al firmar como representante de la Dirección de Contrataciones Públicas y durante el 2022 se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Humano y Vinculación Social. Fue el mismo lapso en el que Carlos Alberto Zúñiga Rivera fungía como secretario de Desarrollo Social.

De ahí, Robles Mata pasaría a convertirse entre 2023 y 2024 en coordinador Administrativo de la Jefatura de Oficina del Gobernador, también acompañando a Zúñiga Rivera; luego pasó a la Secretaría de Administración como director de Adquisiciones (2024-2025) y más tarde, como subsecretario de Recursos Materiales, cargo que ha ocupado hasta la fecha, con participación en diversos procesos de licitación desde entonces.

En el caso de Irma Alejandra Rubio Flores, ha sido jefa de Departamento de la Subdirección de Licitaciones de la SEDUVOT de 2020 a la fecha y además de figurar en diversos procesos de licitación en la actual administración, también fue de las primeras beneficiarias de los subsidios a la vivienda, con el monto más alto otorgado.

Por su parte, Mario Alberto Bañuelos Montellano, otro de los primeros beneficiarios de los subsidios, se desempeñó como titular de Órgano Interno de Control adscrito a la SFP durante todo el 2021; al cierre de ese año pasó a ser titular del OIC en el Issstezac, y luego sería designado como director de Contrataciones Públicas de la SFP desde finales de 2024 a la fecha, periodo en el cual en diversas ocasiones ha participado en procesos de licitación.

Sin embargo, la lista es aún más larga y hubo otra fuente de información que permitió identificar los nombres de las y los servidores públicos que pudieron prestarse a los esquemas irregulares de licitación a los que hemos hecho referencia en esta investigación: los estímulos por única ocasión, otorgados en diciembre de 2025 por autorización única y exclusiva de Carlos Alberto Zúñiga Rivera:

• Gerardo Robles Mata, subsecretario de Recursos Materiales y Servicios (SAD)
• Adriana Vargas Tagle, subsecretaria Administrativa (SEDUZAC)
• Maricruz González Ruvalcaba, encargada de la Subsecretaría del SNE (SEZAC)
• María del Rosario Félix Bermúdez, auxiliar jurídico (SAD)
• Pablo Mauricio Landeros Sánchez, director de Gasto Financiamiento y Estudio de Mercado (SAD)
• Laura Esther Martínez Rentería, subdirectora de Licitaciones (SAD)
• Horalia Medina García, subdirectora de Recursos Materiales y Servicios (SAD)
• Cecilia Navarrete Velasco, coordinadora Administrativa (SAD)
• José Adalberto Cantero Mendoza, jefe de Recursos Materiales (SFP)
• Ricardo Herrera Vielmas, supervisor de obra (SOP)
• Ángel Said Escobedo Morales, director de Recursos Materiales (SEDUZAC)
• Angélica Castruita Ríos, coordinadora Administrativa (SAMA, aunque en los procesos de licitación firmaba como representante de la SEZAC en el periodo 2022-2024).

Las y los anteriores, coincidentemente, han participado de manera muy activa en los procesos de licitación de los últimos cinco años. Pero incluso quienes se beneficiaron de los subsidios a la vivienda no lo reportan en su última declaración patrimonial presentada en mayo de este año.

Por supuesto que son muchos más servidores públicos que han intervenido en los procesos de licitación de la «nueva gobernanza»; no obstante, las personas aquí citadas dan indicios de que han obtenido algunos beneficios que sugieren que existe cierta relación de confianza en el círculo de corrupción de Carlos Alberto Zúñiga Rivera y levanta la sospecha de ser posibles cómplices.

«Zuñi», «el gobernador»

De acuerdo con diversos testimonios, ya sea a través de servidores públicos que han fungido como intermediarios o directamente proveedores y contratistas, ha existido un protocolo específico para la presunta entrega de los llamados moches.

Por una parte, a ciertas dependencias llegaría de manera regular «la visita» de algún enviado del jefe de Oficina del Gobernador para acopiar «la cuota«. Algo así como el cobro de piso del crimen organizado.

Además, cuando se trata de «entregas a domicilio» (por decirlo de alguna manera), las personas se dirigirían al cuarto piso del Edificio A de Ciudad Administrativa (donde estaría prohibido grabar o utilizar teléfonos celulares) para «entregar unos documentos«, código conocido por el personal de vigilancia y recepción que sería la señal de que se trataría de los llamados moches.

Dichas cuotas, según testimonios recabados por este espacio, se habrían guardado en el despacho del jefe de Oficina del Gobernador, Carlos Alberto Zúñiga Rivera, quien durante todo este tiempo se cuidó de no firmar un solo documento que le implicara en todo lo que hemos expuesto en esta investigación… hasta que la ambición les gana y cometen un error.

Hacia febrero de 2025, Zacatecas vivió lo que en su momento se llamó el despertar del sindicalismo, aglutinando a diversos gremios como las secciones 34 y 58 del SNTE, telesecundarias, SPAUAZ, jubilados y pensionados del Issstezac, SUPDACOBAEZ, SITEZ, entre otros, con varias semanas de protestas que abarcaron no sólo manifestaciones en el primer cuadro de la Capital, sino también toma de casetas, bloque de vialidades y hasta la toma de Ciudad Administrativa.

Fue durante aquellas manifestaciones que Zúñiga Rivera habría instruido a su personal sacar a como diera lugar el dinero de los presuntos moches resguardado en su despacho. Y como para entonces el complejo de Ciudad Administrativa ya estaba tomado en todos sus accesos, la alternativa habría sido echar el dinero en mochilas o maletas y atravesar el cerro a campo traviesa, brincar las cercas perimetrales y recogerlo a media calle, fuera de la vista de las y los manifestantes.

Ese dinero, también según testimonios, se habría llevado a un local comercial en avenida Las Cumbres, en Colinas del Padre, un negocio que según cuentan ha facturado varios millones a la «nueva gobernanza», aunque no conste en el Padrón de Proveedores alguna persona física o moral con dicho domicilio fiscal, según lo que hemos podido verificar en este espacio.

Estas versiones tampoco son fortuitas. Desde este espacio pudimos comprobar que Carlos Alberto Zúñiga Rivera realiza visitas regulares a dicho local. Y ahí viene lo importante: lo ha hecho conduciendo un vehículo Volkswagen color gris platino, con las placas ZGB328G, registrado a nombre de la empresa Triturados Santo Niño SA de CV, una de las principales beneficiarias de los patrones de irregularidades en licitaciones que hemos expuesto en esta investigación.

¿Será que si la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (fgjez) o la Fiscalía General de la República (FGR) realizan un cateo en el edificio A de Ciudad Administrativa y en el local comercial de avenida Las Cumbres, en Colinas del Padre, encontrarían el dinero de los presuntos moches cobrados en cinco años de administración?

Porque, de ser el caso, hablamos no sólo de recursos estatales, sino también federales, pues gran parte de las licitaciones con irregularidades contaban con presupuesto del FISE o del FAM, que son recursos federales.

Ahí recae la principal sospecha sobre el financiamiento que ha tenido Verónica Díaz Robles para llegar, primero, al Senado de la República; luego, a la coordinación estatal de Defensa de la Cuarta Transformación y, eventualmente, a la candidatura a la gubernatura de Zacatecas. Sobre todo porque, según testimonios, en todo este tiempo en el que muchos juraban que había ruptura entre ella y Carlos Alberto Zúñiga Rivera, éste más bien habría sido su coordinador de campaña… hasta la fecha.

Particularmente desde su llegada a la Jefatura de Oficina del Gobernador, Zúñiga Rivera se habría desempeñado en los hechos como gobernador de facto (no el constitucional), pues ninguna decisión podía ser tomada sin su conocimiento y autorización, independientemente de que el gobernador David Monreal Ávila estuviera enterado o no de estas decisiones.

Pero de no haberlo enterado, equivaldría a una pérdida de confianza, que conduciría irremediablemente al cese inmediato en el cargo, lo que no exentaría a la Secretaría de la Función Pública que dice encabezar Ernesto González Romo, o a la FGJEZ y la FGR, iniciar investigaciones de oficio y deslindar responsabilidades, si las hubiere. Y en todo caso, tendrían que explicar la procedencia lícita de esos recursos.

Por lo pronto, hasta aquí concluye una primera parte de una gran investigación en la que aún hace falta analizar las compras directas realizadas por la «nueva gobernanza» en cinco años de administración, aunque según testimonios, se encontrarían nombres familiares con esta investigación con modus operandi similares, como Gerardo Robles Mata, a quien se habría señalado como el principal intermediario de Zúñiga Rivera. Sólo hay que ver el gasto en el año previo a una elección. Pero, pues, cada quién… ¡Y traka!