Para ser la última Glosa de esta administración, la vara ha quedado muy baja no sólo porque la «nueva gobernanza» demuestra que son muy pocos los resultados a presumir en cinco años de administración. Con contadas excepciones, las y los diputados de la 65 Legislatura también exhiben su estrechez de miras y su laxitud en los cuestionamientos a las personas comparecientes.
Está de más insistir en la inutilidad del formato aprobado por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para el desarrollo de las comparecencias, e incluso la disposición para que únicamente tres dependencias rindieran cuentas ante el Pleno mientras las demás se restringían a comisiones legislativas, en particular las que administran la mayor parte del presupuesto estatal.
Tan baja ha estado la vara que esta Glosa ya ni siquiera se puede llamar «pasarela» de servidoras y servidores públicos que, incluso si tuvieran aspiraciones político electorales, no han «brillado», como tampoco legisladoras y legisladores con las mismas aspiraciones para el próximo proceso electoral. Pero, bueno: es la clase política que merecemos las y los zacatecanos.
Este miércoles 7 de octubre, coincidiendo con los festejos por el 15 aniversario de la fundación de MORENA (tal vez por eso tan desangelada la jornada legislativa), en el Vestíbulo del Congreso del Estado se desarrolló en comisiones las comparecencias correspondientes a la Secretaría de Obras Públicas (SOP) y la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDUVOT).
En otras Glosas, particularmente la de Obras Públicas parecía más una sesión de «cartitas al Niño Dios» que una comparecencia en forma. En esta ocasión, ya ni a eso llegaron. La atención se concentró en el rescate carretero (la gran promesa de esta administración) y alguna que otra pregunta por proyectos específicos, como las Casas del Bienestar o el Viaducto elevado que nadie pidió y sobre el cual hay una resolución judicial que impedía a la secretaria Mildret Karla Montes Incháurregui ofrecer cualquier información.
Sin embargo, no estaba impedida para hacer las aclaraciones que hubiera que hacer frente a cuestionamientos que tampoco llegaron por parte de las y los diputados locales, pero que expusimos en su momento en este espacio y desde otros medios de comunicación. Y vaya que aún hay mucha tela que cortar en materia de obra pública.
Pongamos como ejemplo la serie de obras de modernización que se realizan actualmente en el Parque Arroyo de la Plata, que en conjunto sumarían una inversión preliminar de 258 millones 171 mil 228.90 pesos, pero que aún no han sido concluidas pese a que algunas debieron terminar desde el pasado 30 de junio, como la construcción de terrazas gastronómicas y el estacionamiento; o de las cuales aún faltan precisiones, como la operación del Gimnasio.
En el caso de las terrazas gastronómicas, no se ha informado quién administrará esos espacios, los costos de arrendamiento y se dichos espacios comerciales, una vez rentados, tendrán costos apropiados para cualquier tipo de consumo o sólo para cierto nivel de poder adquisitivo (lo cual iría en contra de accesibilidad de productos y servicios a toda la población).
Más importante hubiera sido que aclarara si el retraso en las obras de las terrazas obedecen a cambios en el proyecto original que fue licitado, pues hay voces que sugieren que sí los ha habido y por capricho del gobernador David Monreal Ávila.
En tal caso, ¿qué impacto presupuestal habrían tenido estos cambios a capricho del gobernador?, ¿estos cambios tenían justificación técnica, o fue por mera estética?, ¿se trató de cambios para optimizar los espacios o resondían más bien a exigencias de clientes potenciales que, eventualmente, arrendarán dichos espacios? Todo ello podría aclararse transparentando las respectivas bitácoras.
En última instancia, cabe preguntarse: ¿qué empresas o personas se beneficiarán con el arrendamiento de dichos locales, a qué costo y por cuánto tiempo? No vaya siendo que concluida la «nueva gobernanza» tengamos una ola de «nuevos empresarios» emanados de esta administración.
Respecto a la operación del Gimnasio, aún no ha quedado claro si ofrecerá servicios de manera gratuita, o si habrá cuotas de recuperación y a cuánto podrían ascender. Recordemos que en el área que abarca del Parque Arroyo de la Plata también se encuentran gimnasios de carácter privado que ofertan sus servicios a costos que no todos pueden pagar. Y preguntas en el mismo sentido se podrían hacer respecto a la operación del estacionamiento que ahí se construye.
Por otra parte, no es menor que la «nueva gobernanza» haya fallado en diversas licitaciones en favor de personas físicas y morales señaladas en una serie de irregularidades en un programa de vivienda de 2017 desde la SEDUVOT y que implicaron la interposición de al menos 11 denuncias penales (aún en proceso de investigación) por presuntos daños a la hacienda pública superiores a los 40 millones de pesos.
Lo anterior sólo refuerza las sospechas de que en cinco años de licitaciones de la «nueva gobernanza» se habría beneficiado a quienes podrían prestarse a actos de corrupción, por instrucciones del jefe de Oficina del Gobernador, Carlos Alberto Zúñiga Rivera. Claro que sería más grave si estos señalamientos alcanzaran al gobernador David Monreal Ávila si la instrucción hubiera provenido directamente de él.
Tampoco se cuestionó (como sí se hizo en la 64 Legislatura) por la disparidad en el costo promedio del kilómetro lineal en los proyectos del programa Rescate Carretero, con variaciones que alcanzan hasta los 4 millones de pesos por kilómetro lineal. ¿Son costos inflados para un presunto cobro de moches o esta disparidad responde a cuestiones técnicas por las condiciones del terreno?
Mucho menos se cuestionó si todas las obras licitadas (o por adjudicación directa, según su costo) en cinco años de administración concluyeron conforme a lo estipulado en los respectivos contratos, si hubo irregularidades durante su ejecución, si hubo empresas sancionadas, si hubo que echar mano de las fianzas de vicios ocultos o incluso si se ha pagado en tiempo y forma a las y los proveedores y contratistas (porque varias denuncias hemos recibido respecto al considerable retraso en el pago de los trabajos y la negativa a entregar las obras hasta en tanto no se liquide lo contratado).
Tampoco son menores las denuncias recabadas por este espacio en las que se acusa la publicación tardía de convocatorias de licitación, casi casi minutos antes de que cierre el plazo de inscripción, con la sospecha de pretender beneficiar a determinadas empresas (personas físicas o morales). Todo se aclararía también con una bitácora calendarizada que incluyera los horarios en los que se abrió la plataforma para los registros.
Porque ya el hecho de que, en las 1 mil 430 licitaciones revisadas por este espacio, el 53.98% se tratara de licitaciones donde se descalificó a propuestas más bajas o donde hubo una sola propuesta participante, eso ya dice mucho. Más cuando los criterios de descalificación fueron tan dispares en las licitaciones revisadas en cinco años de administración. Ya eso de que la obra pública se concentrara en apenas un puñado de municipios, eso ya está de más.
No quisiéramos pensar que la secretaria Karla Montes también se vio beneficiada con estas irregularidades, pues, en sus palabras, la «nueva gobernanza» ha hecho una inversión histórica en materia de obra pública.
Finalmente, sobre la comparecencia de la titular de SEDUVOT, Luz Eugenia Pérez Haro, se podrá decir que cumplió con su principal meta una vez que se ponga en marcha el Platabús, que dicen que será en noviembre de este año. Hasta entonces, vemos, vemos… Ya lo de los subsidios de vivienda a funcionarios de primer nivel, eso ya es indefendible.
