Movilidad, sin transparencia

Con 18 votos a favor y cuatro en contra, el Pleno de la 65 Legislatura aprobó el dictamen por el que se reforma la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad para incorporar y regular el Sistema Integrado de Transporte mejor conocido como Platabús.

En el papel, el proyecto de movilidad quizá más ambicioso para el estado de Zacatecas (pero que no es nuevo) suena muy bonito en todo: un transporte público eficiente, eficaz e inclusivo para garantizar el derecho a la movilidad. Pero del dicho al hecho…

El Platabús en sí coronaría el llamado Año del Progreso, un concepto muy abstracto que no quedó claro qué significa para la «nueva gobernanza», aunque en términos prácticos parece encaminado a eliminar el estigma de que «Zacatecas es un rancho» (así como el estado de Tlaxcala tiene su estigma de que «Tlaxcala no existe«).

Razón tienen los diputados Santos González y Susana Barragán al haber hablado a favor del dictamen, pero también la tienen los diputados Jesús Badillo y Dayanne Cruz que se pronunciaron en contra ante la necesidad de cuestionar aspectos que no han quedado claros aún. Y seamos sinceros: el Platabús no será la panacea que venga a resolver un problema que es más estructural.

En las últimas tres décadas, el crecimiento de la mancha urbana ha sido, por decir lo menos, irregular y dispar. Sin planeación adecuada, sin garantías de servicios públicos, se han desarrollado zonas habitacionales no sólo alejadas de los centros de trabajo, escuelas, zonas recreativas (tan sólo las áreas de donación ameritan un profundo trabajo de investigación sobre las irregularidades de las fraccionadoras) y hasta de establecimientos comerciales y de servicios; sino también carentes de vialidades que a futuro hayan proyectado la introducción de servicios de transporte público.

De hecho, no deja de llamar la atención que mientras crece la mancha urbana, desaparecen rutas de transporte público que conectan rutas secundarias con las principales vialidades, lo que ha limitado la movilidad de la población, especialmente en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe.

Aquí habría que preguntarse cuántas concesiones de transporte público se han otorgado en las últimas tres décadas, qué proporción se concentra en el hoy llamado Eje Metropolitano y qué porcentaje cubre las periferias, ahí donde ha crecido la mancha urbana. Porque el Estado podría habría sido neglignte de haber omitido este crecimiento en su planeación urbana que garantice el servicio de transporte público.

Lo anterior no necesariamente es un justificante (ni cheque en blanco) para aprobar de buenas a primeras, sin cuestionamientos, el llamado Platabús que pretende ponerse en marcha (al menos en una primera etapa) el 12 de diciembre de este año, con pruebas que ya empezaron a realizarse esta semana para realizar los ajustes necesarios en las rutas que cubrirá el proyecto una vez puesto en marcha de manera oficial.

Porque es una realidad que ha faltado transparentar el costo real del proyecto de movilidad, sobre todo al considerar la cancelación del Viaducto elevado que nadie pidió, lo que también obliga a preguntar qué adecuaciones de infraestructura quedan pendientes de realizar y que inicialmente estaban consideradas en el llamado Segundo Piso.

No se ha informado sobre otras obras pendientes para el proyecto, entre terminales, paraderos y adaptación de carriles en el Eje Metropolitano; o si el Platabús garantiza la demanda de movilidad que requieren estudiantes del Campus Siglo XXI de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y de la próxima Universidad Rosario Castellanos que actualmente se construye.

Falta transparencia, además, sobre la empresa o empresas con las cuales se adquirieron las unidades vehiculares del nuevo sistema de transporte integrado, a qué costo, expectativa de vida útil de las unidades, bajo qué modalidad (incluso si, en caso de licitación, únicamente participó una empresa, como ha sido la constante en el «sexenio de Hidalgo»), y cómo se regulará la desaparición paulatina de las unidades que actualmente circulan como concesión a particulares (porque asumimos que el Platabús llega para sustituir esas unidades obsoletas).

Ahora bien, tener unidades «modernas» (es un decir) no necesariamente significa que mejorará la atención de las y los operadores del transporte público, menos si se contratará a las mismas personas que hoy tienen alguna concesión y que, en cada aumento de la tarifa de transporte, incumplen la promesa de mejorar el servicio o ya mínimo mantener las unidades en condiciones «decentes».

Más allá de todo lo anterior, resulta ridículo el argumento del alcalde capitalino Miguel Varela para no autorizar los permisos para las obras pendientes de realizar, al condicionar esta autorización a la transparencia en la licitación para la adquisición de unidades. ¿Pretende el alcalde usurpar facultades de fiscalización que no le corresponden?, ¿le condicionan las participaciones federales por el tufo de corrupción en sus licitaciones (ya ni siquiera hablamos de sus compras directas)?

No quisiéramos pensar que se trata de llamaradas de petate, como ocurrió durante las protestas para revertir el Viaducto elevado que nadie pidió y que fue más bien un logro de la sociedad organizada.

Finalmente, entre muchas otras interrogantes que requieren transparencia y respuestas claras, habrá que preguntarse por la idea de progreso que traerá consigo el sistema de transporte integrado llamado Platabús: ¿progreso para quién?

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