Hace un par de días el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias matutinas, anunció que los organismos autónomos representaban en enorme gasto para la administración pública y que este lunes presentaría una propuesta para integrarlos a la administración federal centralizada.
El anuncio, ya de por sí preocupante, causó serías reacciones en contra cuando refirió que las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pasarían a formar parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
No es el único organismo autónomo a nivel federal. También se encuentran el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros.
Pensar en la idea de desaparecer estos organismos autónomos e integrar sus funciones al Ejecutivo federal implica un retroceso para un país que se ha formado a partir de instituciones. Que dichos organismos tienen excesos es incuestionable; que han tenido fallas, se entiende en instituciones que no son perfectas, aunque son perfectibles; pero esa no puede ser justificación para desaparecerlos.
Varios de estos organismos autónomos tienen su origen en luchas legítimas de la sociedad: la protección de los derechos humanos, garantizar procesos democráticos, generar información confiable para la toma de decisiones, evitar los monopolios en el mercado, el acceso a la información y la protección de los datos personales, entre muchas otras.
Pero vayamos en lo individual. Sabido es que Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, no ha sido imparcial en sus decisiones (y mucho menos en sus declaraciones), pero está al frente de la institución que legitimó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección del 2018.
No es secreto que en el INE hay quienes perciben altos salarios, incluso mayores al del presidente, pero no es justificación para desaparecer la autonomía en las funciones de esta institución. Que estas pasen nuevamente a manos del Ejecutivo federal sería volver a los tiempos en los que el presidente decidía quién ganaba en una elección.
¿Pensar que la protección de los derechos humanos en manos del Estado garantizará efectivamente esos derechos? Muy raro, cuando históricamente se sabe que es el Estado el principal responsable de las violaciones a los derechos humanos y aunque la CNDH tampoco brilla por su desempeño, al menos es una instancia ajena al Estado que permite corregir la plana cuando ha sido necesario.
¿El INEGI en manos de quien cada conferencia afirma que tiene “otros datos”? Mal mensaje se ha enviado cuando se desconfía de las instituciones del Estado mexicano, pero se busca a toda costa esos “otros datos” que legitimen lo que diga el Ejecutivo federal.
En un escenario catastrófico, hasta se podría pensar en un levantamiento demográfico que diga que hay “menos pobres” por decreto presidencial, porque la estadística estará sujeta a lo que disponga el presidente, no a lo que miles de especialistas se han dedicado con empeño para que la sociedad cuente con información veraz y oportuna para la toma de decisiones, y eso incluye al gobierno.
Pero el propio gobierno de la Cuarta Transformación parece peleado con las cifras oficiales. Si los números dicen que la Ciudad de México se encuentra en color rojo en el semáforo epidemiológico por el número de contagios de COVID-19, resulta que el color es relativo y que lo importante es estar en alerta máxima, una alerta que no impide viajar a las playas de Oaxaca a pesar del llamado a permanecer en casa.
Si la economía va en picada, resulta que es culpa de los gobiernos neoliberales que le precedieron a la actual administración y que nada refleja mejor el crecimiento del país que el bienestar de la población a través de los programas sociales, programas que no pagan impuestos, pero de los que tampoco se trasparenta a quiénes se entregan (sin olvidar que los números de beneficiarios no coinciden con las estadísticas demográficas del INEGI).
Sin embargo, uno de los grandes lastres para la Cuarta Transformación ha sido la transparencia, aunque una de sus banderas sea el combate a la corrupción. Cierto es que el INAI y sus pares locales tienen gastos onerosos y que en ocasiones su actuar no ha sido imparcial, pero sí han contribuido como instituciones a que la población tenga acceso a la información de carácter público, pese a la reticencia de los sujetos obligados.
La idea, según se dice, es que la SFP asuma las funciones que hoy desempeña el INAI. Se trata de una secretaría que ha hecho mutis frente a no pocos escándalos por presunta corrupción y aunque juren y perjuren que la titular Irma Eréndira Sandoval es una persona incorruptible, eso no la hace menos cómplice por su silencio.
¿Justicia a modo? Es previsible cuando ni siquiera en la Comisión de Honestidad y Justicia de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) pueden respetar los derechos y exigencias de la militancia.
Pero ha sido gracias al INAI que hoy contamos con plataformas como el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT) o la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que en mucho han contribuido no solo a garantizar el derecho al acceso a la información, sino que también han sido clave para el periodismo de investigación que ha destapado sendas cloacas de todos los colores. Tal parece que la política actual es que se investigue y se señale a las administraciones anteriores, menos a la actual.
No es gratuito que la 4T reservara por cinco años los contratos para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19, o las especificaciones sobre el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, o que de pronto la política sea privilegiar las adjudicaciones directas por encima de las licitaciones (y gracias al INAI se saben los nombres de los cuates y familiares beneficiados).
Tampoco es fortuito que el Gobierno de México, a más de dos años de administración, aún no transparente su padrón de beneficiarios de programas sociales, ni de programas estratégicos como Sembrando Vida, el Crédito Ganadero a la Palabra o Jóvenes Construyendo el Futuro, y así podríamos seguir con una larga lista.
Y si bien es loable que los programas sociales hayan sido elevados a rango constitucional, lo que se cuestiona no es la política pública, sino la opacidad sobre quién se beneficia de dichas políticas públicas a pesar de que el INAI aún es un organismo autónomo. ¿Qué pasará en caso de que sus funciones las asimile la administración pública centralizada?
Preocupante situación si se considera que en esta propuesta el INAI y el INE quedarán en manos del Ejecutivo, quien podría tener a su disposición los padrones de beneficiarios de los diferentes programas y utilizarlos con fines electorales, sin que haya una instancia externa, autónoma, que sancione la violación a los datos personales, sin contar que la población dependería de los “otros datos” que diera a conocer el Ejecutivo, coartando el derecho al acceso a la información.
¿Molesta a la 4T la transparencia y el acceso a la información? Qué casualidad que esta iniciativa llega justo unos días después de que, gracias al trabajo del INAI, se sabe cuánto ganan los colaboradores de canales de televisión públicos como Canal Once (entre muchos otros canales institucionales) y que son utilizados para “golpear” y desacreditar a los medios de comunicación que cuestionan al actual gobierno, como si las hordas de bots no fueran suficientes.
Si estos organismos autónomos caen en excesos, ¿lo ideal no sería regularlos? Condenarlos a su desaparición no son buena señal para un gobierno que se precia de ser democrático, aunque ya ha habido muchos ejemplos de que se desdeñan las instituciones y no las prácticas de quienes las integran. La corrupción nunca se fue, solo se adaptó al nuevo gobierno. ¿O cuántos procesados por corrupción lleva la 4T?
