Posiblemente era la respuesta más esperada en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes. Luego de una nueva entrega de informes individuales sobre la revisión a la Cuenta Pública 2019 a manos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el mandatario respondió: “Exageran, y no solo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos. Y se va a informar aquí”.
Como se recordará, la administración federal tiene observaciones por más de 67 mil millones de pesos en diversas irregularidades en el ejercicio 2019, según los dictámenes de la ASF. Por supuesto, aún falta un largo proceso para solventar dichas observaciones, lo mismo que en los estados y otros entes fiscalizados.
No podemos negar que el presidente pueda tener “otros datos”, pero tampoco descalificar de golpe y porrazo el trabajo del ente fiscalizador, cuya única función es señalar dónde hay inconsistencias en el ejercicio de recursos públicos, emite las recomendaciones para corregirlas, solicita la información necesaria para aclararlas o, en su caso, brinda los elementos a las autoridades competentes para que se sancione en consecuencia, una vez que se determine que sí se incurrió en alguna falta.
Algo que parece no quedar claro es que la ASF no es un ente con facultades para juzgar. Es un órgano técnico que verifica los procedimientos en la aplicación de recursos públicos, en una titánica labor que permite identificar si los gobiernos y otros organismos incurren en prácticas que puedan prestarse a la corrupción o si, por el contrario, se sujetaron a las leyes y reglamentos vigentes y su actuar fue el adecuado.
Debería llamarnos la atención que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirme que él tiene “otros datos” que tal vez no coinciden con los dictámenes de la ASF. El problema es que esos “otros datos” quizás se traten de información que en su momento se pudo haber transparentado y no se hizo, aunado a que varias de las observaciones de la Auditoría se trata de anomalías detectadas en los procedimientos.
Tampoco se puede dejar de lado que, según la información que proporcionó la ASF a la Cámara de Diputados, en la Secretaría de la Función Pública (SFP) se negaron a permitir el acceso a los auditores y a brindar la información solicitada. ¿Por qué es importante? Porque se trata del organismo encargado de vigilar y sancionar la conducta de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Si ese será el ejemplo, ¿podemos esperar un efectivo combate a la corrupción dentro de la actual administración?
El tema también viene a colación por la reciente polémica respecto a mantener las conferencias mañaneras durante el periodo electoral o prohibir su transmisión íntegra. Luego de la revisión a las Cuentas Públicas 2019 y tras la respuesta del presidente sobre los “otros datos” que dará a conocer en próximas fechas, claro que es necesario continuar con este ejercicio de comunicación.
Uno podría pensar mal y hasta creer que esta coyuntura viene “como anillo al dedo” para justificar la continuidad de las conferencias mañaneras: es la oportunidad para ofrecer los “otros datos” (los que el presidente determine transparentar) durante el periodo electoral. Pero sería muy perverso pensar así.
En el fondo, lo que queda claro es que si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con esos “otros datos”, su gabinete no está en la misma dinámica. De otro modo, se hubieran ahorrado numerosas observaciones sobre procedimientos mal realizados en el ejercicio 2019 (y aún falta el 2020). Eso denota más bien una falta de experiencia de los servidores públicos en turno, que pretenden hacer las cosas a su manera, tal vez con la mejor de las intenciones, pero sin apegarse a la normatividad que les rige.
¿Esperaban salir invictos solo por pertenecer al equipo de la 4T? Bueno, eso ya es otro cantar y no queremos pensar que hubo complicidad y dolo en el actuar de los funcionarios. Pero de ser ciertas las observaciones, ¿habrá consecuencias?
Recuérdese que uno de los principales lastres en este país ha sido la corrupción y su combate fue la principal bandera de campaña del hoy mandatario federal. La percepción continuará mientras no se corrijan las irregularidades señaladas por la Auditoría y en tanto no se tengan responsables con una sanción, así sea de carácter penal (pensando en las consecuencias más graves).
Si la 4T depende de los “otros datos” del presidente, ¿qué está fallando en la administración?, ¿por qué no se ha podido evitar que el mandatario tenga que salir a dar la cara por las fallas de todo un equipo?, ¿cuál es la lógica de guardar silencio ante los señalamientos hasta que el presidente dicte la línea a seguir?
