Una encuesta electoral es una importante herramienta que se aplica en una muestra representativa de la población y permite recolectar datos tales como opiniones, preferencias o percepción de los encuestados respecto a algún candidato de elección popular o partido político. Las empresas encuestadoras al publicar los resultados sobre las preferencias o intención del voto, pueden influir en los votantes.
Durante el proceso electoral respondí a cuatro encuestas telefónicas automatizadas y me llamó la atención una de las preguntas que hacían (como para infundir miedo): ¿Aún y cuando existe el riesgo de contagiarse de COVID-19, está dispuesta a asistir a votar? A lo cual respondí que sí. El domingo 6 de junio, una vez que voté, el teléfono siguió sonando, pero al descolgar y darme cuenta de que se trataba de una encuestadora, ya no respondí.
El día de las elecciones, todavía no concluía el cierre de casillas y algunas encuestadoras empezaron a publicar resultados de preferencias electorales como “Encuestas de Salida”, dando ventaja a una u otra de las principales coaliciones de Zacatecas: “Va por Zacatecas”, conformada por PRI-PAN-PRD, así como a “Juntos Haremos Historia” constituida por Morena-PT-PVEM-Panal.
En estas elecciones pude observar que se ha incrementado el número de encuestadoras “patito”. ¿La muestra de estas encuestas es representativa? ¿Qué tan confiable es la metodología de estas encuestadoras? Sobre todo, las que no publican la metodología en la que se basan para sus mediciones. Me parece que carecen de calidad y confiabilidad. Según el resultado, cada partido utiliza la más conveniente a sus intereses.
Los organismos que participan en el proceso electoral en México son: el Instituto Nacional Electoral (INE) es un órgano autónomo y el ente público encargado de regular los procesos electorales, de participación ciudadana; Organismo Públicos Locales Electorales, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Autoridades electorales jurisdiccionales locales.
El INE es la institución encargada de regular la actividad de las firmas encuestadoras y controlar que cumplan con unos estándares mínimos de seriedad y de credibilidad, tiene entre sus atribuciones, definir reglas, lineamientos y criterios en materia de encuestas o sondeos de opinión en el marco de los procesos electorales federales y locales, por lo que las empresas encuestadoras deberán entregar los estudios y metodologías que acrediten que cumplen con los criterios que marca dicha institución.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su capítulo tercero, Artículo 213, párrafo 2 establece que: “Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer resultados de encuestas o sondeos de opinión, que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales”.
Aún y cuando Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), hizo un llamado a no anticipar triunfos antes de las 23:00 horas que el difunda en cadena nacional el único conteo rápido oficial de la elección de diputados federales. No obstante, se difundieron resultados de preferencias electorales en tiempos no autorizados.
Por otra parte, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es el instrumento con el que cuenta el INE para dar a conocer, de manera preliminar los resultados de las elecciones federales la misma noche de la Jornada Electoral, con certeza y oportunidad. Los resultados presentados por el PREP son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto, no tienen efectos jurídicos. Los datos legales se obtendrán de los cómputos distritales a partir del día miércoles 9 de junio.
Delitos electorales
Cualquier persona puede cometer un delito electoral, incluyendo a quienes participan en la elección como: candidatos, funcionarios electorales, funcionarios de partido, organizadores de campaña y servidores públicos.
Los delitos electorales, de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. los delitos electorales pueden ser sancionados a través de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
El artículo 411 del Código Penal, sanciona con prisión de tres a siete años y además de 70 a 200 días multa, el participar por cualquier medio en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para votar.
Durante la jornada electoral, se pueden presentar anomalías o irregularidades para obtener más votos. A esto se le conoce como “delito electoral”. Para denunciar un delito electoral, se deben presentar ante las autoridades, evidencias (imágenes, videos, documentos, audios, etc.) que prueben el delito electoral.
En México ha persistido en las elecciones una práctica nociva denominada “clientelismo electoral”, que viene siendo el intercambio de favores, bienes o dinero a cambio del voto. Algunas de las modalidades son la compra del voto y condicionamiento de los programas sociales, entre otros, y en este proceso electoral no fue la excepción, simplemente cambia de un partido a otro. ¿Acaso la democracia se ha convertido en clientelista?
La coacción del voto es uno de los delitos electorales que se comenten con más frecuencia de la que imaginamos, por ejemplo, si un partido pone alguna lona con publicidad de algún candidato en una casa y al mismo tiempo amenaza al propietario con que no la debe retirar porque es delito, o cuando se obliga a un trabajador a que vote por un candidato en específico y lo amenaza con despedirlo en caso de no obedecer. En realidad, el delito lo comete quien coacciona.
Cuando los candidatos no se sienten capaces de ganar limpiamente una elección, se aprovechan de los programas sociales, amistades en puestos clave. Utilizan recursos que son posibles de utilizar legalmente, aunque moralmente sean reprobables ya que condicionan el voto. Esto se vuelve un intercambio, ya que el votante negocia su voto a cambio de una despensa, material de construcción o dinero en efectivo. A mí nunca me han hecho un ofrecimiento a cambio de mi voto. ¿Será que detectan quien está dispuesto a vender su voto?
