Desde antes del mediodía de este domingo 1 de agosto ya se sabía que no se alcanzarían los 37.4 millones de votos requeridos para que fueran válidos los resultados de la Consulta Popular, con consecuencias vinculantes para lo que sea que haya significado la pregunta formulada y aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Originalmente, como se recordará, el presidente Andrés Manuel López Obrador había presentado otra propuesta: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Sin embargo, la SCJN reformuló la pregunta para hacerla incomprensible, muy rebuscada o demasiado ambigua: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Esa fue la pregunta que finalmente mandó a imprimir el Instituto Nacional Electoral (INE) en las más de 93.5 millones de papeletas que se distribuyeron en las 57 mil 87 casillas distribuidas en todo el territorio nacional, en una consulta que tendría un costo superior a los 520 millones de pesos de recurso ordinario del propio órgano electoral, no con recursos extraordinarios (por aquello de que pudieron haberse aplicado en otros gastos muy necesarios, como la salud).
A partir del pasado 15 de julio comenzó a correr el tiempo de difusión oficial de la Consulta Popular, en una estrategia bastante cuestionada debido a que solo se incluían tiempos oficiales en radio y televisión y la única autoridad responsable sería el INE, el cual incluso emitió medidas cautelares contra MORENA y el periódico La Jornada por hacer promoción de la consulta sin autorización.
Muy curioso fue que desde temprana hora de este domingo 1 de agosto, arreciaran las críticas hacia el INE y se le atribuyera el “fracaso” anticipado de la Consulta Popular debido a la mala estrategia de difusión, además de otros obstáculos, como no haber instalado casillas especiales para la población en tránsito o el mismo número de casillas que en la jornada electoral del pasado 6 de junio.
Recuérdese que MORENA insistía desde hace tiempo en que la Consulta Popular pudiera realizarse el mismo día que la jornada electoral, pero el INE consideró que eso hubiera atentado contra el “piso parejo” al generar una tendencia en el sentido del voto. Lo anterior, cierto es, hubiera facilitado la participación ciudadana en la Consulta Popular, pues era como matar dos pájaros de un tiro.
En el fondo, se evidenció que MORENA y sus militantes solo están “ahí” cuando se trata de procesos político electorales, no así en otros ejercicios democráticos y el único grupo que “sacó la casta” fue el verdadero obradorismo.
Tal vez por eso no fue tan raro ver a diferentes actores políticos publicando en sus redes sociales su participación en la Consulta, desde presidenciables como Claudia Sheinbaum o Rocío Nahle, pasando por allegados del gabinete como Miguel Torruco, Alejandra Frausto, Nadine Gasman, María Elena Álvarez-Buylla, Luisa María Alcalde, Víctor Villalobos, entre muchos otros. Y por supuesto, también hubo su contraparte, la oposición que cuestionó este ejercicio argumentando que “la ley no se consulta, se aplica”.
Pero en medio de esa algarabía de nombres, también llamó la atención el silencio de otros actores políticos como el senador Ricardo Monreal o su hermano, el gobernador electo David Monreal, la senadora Soledad Luévano, Carlos Puente, Geovanna Bañuelos, Jorge Miranda, Julio César Chávez, entre muchos otros identificados con “una marca”.
Curioso también que en la elección del 6 de junio no hubiera jornada de vacunación, pero en esta ocasión se mantuviera el operativo en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. ¿Acaso sería que en la elección pasada las Brigadas Correcaminos (integradas en gran parte por Servidores de la Nación) estaban ocupadas movilizando gente para votar?
Esta vez ya no hubo gasto para movilizar votantes, pero tampoco para difundir la Consulta Popular, o al menos eso se daba a entender, y como no implicaba concursar por cargos públicos, no parecía “rentable” porque no se recuperaría la “inversión”.
La tarea, pues, quedó en otras manos y así se constató a través de los medios públicos, como Canal 22, Canal Once o Canal 14, donde casualmente en la última semana previo a la Consulta se difundieron programas “especiales” sobre temas polémicos que marcaron a los gobiernos anteriores. Así se inducía a las audiencias a tener un juicio de valor para enjuiciar a los expresidentes, pero sin promover la Consulta de manera explícita.
¿Qué lecciones quedan de este nuevo ejercicio democrático? De inicio, que es perfectible, que el INE no requiere recurso extraordinario para llevarla a cabo y que falta una estrategia de difusión más amplia. También queda claro que la pregunta formulada por la SCJN tampoco abonó a la claridad sobre la Consulta y da mucho qué pensar sobre su papel como facilitador u obstáculo para el desarrollo de este ejercicio democrático.
En el fondo, me parece que la poca participación también puede ser resultado de cierta apatía ante un gobierno que, a tres años de iniciado, sigue aferrado a rascar en el pasado para justificar un presente cuestionable. Tal vez hubiera sido otra la participación de haber preguntado si se está de acuerdo en iniciar las medidas legales pertinentes ante las omisiones del actual gobierno. En última instancia, se pierde la posibilidad de tener comisiones de la verdad para aclarar hechos del pasado y del presente.
