Las empresas buscan contratar personal que esté capacitado para la labor que desempeñarán, que tenga ciertas habilidades, conocimientos y experiencia. También es importante para las empresas promover la mejora continua mediante la constante capacitación y actualización de los trabajadores para el fortalecimiento de las capacidades y así alcanzar mayores niveles de productividad.
En este sentido, algunas veces afecta la rotación de personal porque la formación y/o capacitación del trabajador cuesta tiempo y dinero, lo cual se traduce en costos. Pero si la rotación de personal es interna (dentro de la misma empresa), porque se promovió a algún trabajador gracias a su talento y capacidad, es en beneficio tanto de la empresa como del empleado.
Lo mismo ocurre con las instituciones y los gobiernos. Una cosa es el ideal de un gobierno o lo que “sueña” hacer y otra muy distinta es lo que en realidad tiene capacidad de hacer. Para ser gobernante, así como para ser el líder de una institución, se requiere tener capacidad de asumir responsabilidades, resolver problemas, administrar y operar con eficiencia y eficacia para lograr los mejores resultados posibles.
Planeación institucional
Los cimientos para que exista gobernabilidad son: la participación ciudadana, coordinación en los tres niveles de gobierno, así como coordinación entre los diferentes sectores. La planeación debe ser mediante la creación de mecanismos de participación democrática de las y los ciudadanos en los procesos de elaboración de políticas públicas, incluyendo los sectores marginados de la población, tales como los pueblos indígenas, las mujeres y la población más vulnerable.
La integración de los Planes Nacional y Estatal, deben basarse en las necesidades y demandas de la sociedad civil. Cada dependencia debe realizar la planeación institucional, programando las metas anuales acorde con los compromisos establecidos en el Programa Sectorial, Plan Estatal de Desarrollo, alineadas al Plan Nacional de Desarrollo y enmarcada en la Ley de Planeación. Esto permite que cada dependencia defina metas, indicadores que permitan medir el impacto generado en la población objetivo y su evaluación final.
¿Cómo podemos evaluar si un gobierno tiene capacidad?
Cuando un gobierno tiene capacidad de planeación, con base en las necesidades de la población; capacidad de ejecución, programando el gasto público a ejercer en los proyectos prioritarios de inversión que le permitan operar eficientemente, se fija metas y las alcanza. Podemos decir que fue eficaz si alcanzó la meta que se fijó en el tiempo que se lo propuso, independientemente de si fue eficiente o no. La eficiencia se logra si se alcanza la meta optimizando recursos.
Si además las licitaciones de obras y servicios se llevan a cabo con transparencia, así como el ejercicio del gasto, se fortalece la rendición de cuentas y genera confianza en los ciudadanos. Dar seguimiento y evaluar el progreso de lo planeado y en caso de no lograr los resultados deseados, realizar recomendaciones y aspectos a mejorar.
Un gobierno que tiene capacidades es transparente, y las instancias correspondientes integrarán la información necesaria sobre el ejercicio del gasto a la cuenta pública de manera oportuna. De igual forma, verifica el grado de cumplimiento del desempeño de los programas, metas y objetivos con base en indicadores.
Fiscalización, transparencia y rendición de cuentas
La fiscalización en México ha sido centralizada por tradición, los gobiernos estatales se sometían a lo que imponía la federación, con el tiempo las cosas han cambiado y existe cierta descentralización. La fiscalización incluye la inspección y el control del cumplimiento de las acciones tributarias; es el proceso de revisar, supervisar, auditar, vigilar y evaluar que las metas alcanzadas en materia de programación y presupuestación, así como de endeudamiento.
La descentralización ha propiciado que muchos gobiernos estatales hagan uso discrecional de la información y para generar opacidad en los procesos de asignación presupuestal, aún y cuando se ven sometidos a la rendición de cuentas y la transparencia de la información pública.
Prueba de ello es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al publicar la deuda pública de entidades federativas y municipios del cuarto trimestre de 2021 informa que los estados de Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, tienen la información de deuda del tercer trimestre y agrega la siguiente leyenda.
“De conformidad a lo dispuesto en el numeral 23 de los lineamientos del Sistema de Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, la información presentada corresponde al tercer trimestre de 2021”.
Al respecto, el marco regulatorio de las instituciones fiscales debe tener claridad para el buen manejo hacendario, así como las leyes de hacienda estatal y municipal, la ley de ingreso y de gasto, que establecen los procedimientos generales para la gestión financiera del estado y sus municipios que contiene los recursos disponibles para cada año fiscal y cómo serán utilizado.
De igual forma, los ordenamientos establecidos en la ley de deuda pública que determina los procedimientos y límites para contratar deuda; la ley de coordinación fiscal del estado; la ley de contabilidad y presupuesto; la ley fiscal y la de regulación de la Secretaría de Finanzas del estado.
La rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales en un gobierno democrático. Mediante la rendición de cuentas el gobierno expone sus acciones ante la sociedad y acepta la responsabilidad de los resultados. La transparencia garantiza el acceso de toda persona a la información pública, para que pueda revisarla y analizarla.
Se deben mejorar las capacidades, para fortalecer las instituciones y las de la ciudadanía, así como los mecanismos de participación utilizando las tecnologías para mejorar el acceso a la información y avanzar en las prácticas de gobierno abierto y lograr que el gobierno rinda cuentas a la población. Esto permite establecer vínculos para reforzar la confianza institucional.
