Zacatecas hoy es una de las 27 entidades donde ya se ha aprobado el matrimonio igualitario, sin embargo, también es de las 13 entidades donde aún no se cuenta con una ley que reconozca la identidad de género y que garantice los derechos para la comunidad trans.
De hecho, Zacatecas aún mantiene un rezago importante en relación con otras entidades en la lucha por los derechos para la diversidad sexual, de ahí la necesidad de trabajar en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Coalición Mexicana Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ+).
Amaranta Gómez Regalado, cosecretaria Nacional de la Coalición Mexicana LGBTTTIQ+ y consejera del CONAPRED, se dijo optimista en que prosperará la iniciativa de Ley de Identidad de Género que ya obra en las comisiones de la 64 Legislatura, aunque la celeridad con que se apruebe dependerá del trabajo que realicen las y los activistas y de la voluntad de quienes ocupan un cargo público.
No obstante, afirmó que la agenda para la diversidad sexual no concluye con la aprobación de esta ley, pues ya en puerta se encuentran otros dos temas que se empiezan a impulsar como agenda nacional: la cuota laboral trans y la creación de consejos estatales y municipales contra la discriminación.
En ese sentido, Amaranta Gómez destacó que Zacatecas ya cuenta con una Ley Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, pero aún falta una reforma que permita instalar un consejo estatal en la materia donde participen no solo el cuerpo de gobierno, sino también la sociedad civil a fin de monitorear los sectores afectados.
Una instancia similar se podría replicar desde los municipios, aunque para ello se tendría que aprobar el reglamento correspondiente. Así se podría impulsar de manera más efectiva una agenda por la diversidad sexual desde los tres niveles de gobierno en conjunto con la sociedad civil.
Por otra parte, la activista y consejera del CONAPRED destacó la importancia de la primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENADIS) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que da a conocer una estimación de más de 5 millones de personas en este espectro.
“Empezar a cuantificar era la exigencia de hace muchísimos años y que partió cuando debatíamos en aquellos entonces con la Secretaría de Hacienda: si pagamos impuestos, cuántos teníamos que ser cuantificados para saber cuánto de eso nos debe regresar en política pública. Finalmente eso llegó a oídos del INEGI y CONAPRED impuso eso muchísimo”.
Al considerar que aún faltan más encuestas para ir perfeccionando la metodología de cuantificar, Amaranta Gómez destacó que la ENADIS muestra una primera realidad importante: la falta de accesos de la comunidad LGBT+ a la justicia, a la educación, al trabajo, a la salud, entre muchos otros temas.
“Ahí están los grandes desafíos que coinciden perfectamente y que no está la coalición errada y otras organizaciones que lo han señalado; ahora, justo esos datos nos van a permitir terminar de convencer a los tomadores de decisiones, porque cuando hacen sus cálculos te preguntan ‘cuántos son’ y te quieren saber en términos electorales, pero por el otro lado, cuánto le va a costar al Estado mexicano hacer una política focalizada”.
Asimismo, se refirió a las acciones afirmativas implementadas desde el proceso electoral 2020-2021 gracias a una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que han significado un avance en la representación de comunidades históricamente vulneradas, como la diversidad sexual, personas con discapacidad, indígenas, entre otras.
Reconoció que estas acciones afirmativas han tenido resistencias al interior de los partidos, y avizoró que en los próximos procesos electorales los institutos políticos tendrán dificultades para cumplir con la obligatoriedad de estas cuotas. De ahí la estrategia de buscar candidaturas pensadas desde la interseccionalidad.
“Hablamos, por ejemplo, de una mujer que sea al mismo tiempo desplazada o migrante y negra; son tres situaciones que potencian su vulnerabilidad; el reto que tenemos para ver cómo nos organizamos para exigir estos derechos es pensar que ya no nos basta con describir a las poblaciones, ahora hay que pasar a una interseccionalidad colaborativa, que todos los sectores colaboren entre sí, abrir esa puerta en que alguien conozca la realidad de las personas con discapacidad, porque adentro hay personas LGBT y de este lado también y del otro también”.
“Habría que hacer eso para que realmente se ejecute y que ni los partidos se vayan por la tangente ni los tribunales se echen para atrás, y por el contrario, eso vaya en progreso para que otros sectores como los migrantes terminen por ser incluidos en una política de estado”.
Finalmente Amaranta Gómez destacó que en Zacatecas hay mucho activismo entre la juventud y eso permite un relevo generacional con su agenda respectiva, y aunque hay agendas particulares en cada localidad, en esta entidad han sabido ponerse de acuerdo y priorizar agendas en común para ser impulsadas.
Este y otros posicionamientos se harán desde la XX Marcha de la Diversidad Sexual este sábado 23 de julio en el Centro Histórico de Zacatecas, a partir de las 6 de la tarde.