Por todo México crece la violencia de género. De acuerdo a estadísticas oficiales en el 2022 en el país se recibieron casi 340 mil llamadas de auxilio al 911. Es decir, más de 28 mil por mes, equivalentes a unas 944 diarias. Estas son las que se reportaron, porque dos terceras partes no se denuncian por miedo.
En el 2015 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) inició el registro desagregado de violencia contras las mujeres en México, cuantificando los delitos de homicidio culposo, lesiones, extorsión, corrupción de menores y violencia de género, los cuales el año pasado presentaron un máximo histórico. Tendencia creciente que seguirá en el 2023.
¡Y claro que las agresiones contra las mexicanas van en aumento, si desde la mismísima Presidencia de la República se incita violencia contra las mujeres!
El Presidente de México desacredita los movimientos feministas, pone barreras de metal alrededor de Palacio Nacional para que las mujeres no se acerquen a la casa de las y los mexicanos.
También despotricó contra la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña. No la quiere porque no es su alfil y porque no respeta la División de Poderes. Con sus manifestaciones de rechazo, AMLO dio pie a sus seguidores para que, en la concentración oficialista del sábado 18 de marzo, en el Zócalo, quemaran una efigie de la Ministra y lanzaran insultos contra ella.
En mi Zacatecas se han dado casos terribles contra las mujeres. En esta ocasión me referiré a la violencia contra las estudiantes.
En el marco del 8M las jóvenes de las preparatorias Francisco García, de Jerez; y Prepa 4 de la UAZ, en la capital, se manifestaron para denunciar acoso sexual por parte de maestros y la falta de atención a la problemática por las direcciones.
En mayo del 2022, en la primaria Raúl González Ferniza, de Vetagrande, madres y padres de familia revelaron la existencia de un grupo de docentes y trabajadores involucrados en acoso y violación de menores. Y en junio del mismo año, se denunció el abuso de un menor en el Jardín de Niños María Murillo, en Guadalupe.
Encubiertos por superiores y arropados por la corrupción, la mayoría de los docentes y trabajadores no reciben castigo de la justicia y, en muchos casos, sólo son cambiados de adscripción para seguir destruyendo la vida de las niñas y niños, a los que deben educar y formar como seres humanos libres y plenos.
En este mes de la mujer, desde la Cámara de Diputados alzo la voz para exigir a los gobiernos federal y estatal que protejan a nuestra niñez y juventud, que castiguen a los violentadores y les apliquen todo el peso de la ley.