La tecnología cada día avanza a mayor velocidad, la mejor muestra de ello son los celulares, un diminuto dispositivo contiene línea telefónica, directorio, agenda, calendario, reloj despertador, calculadora, correo electrónico, redes sociales, cámara fotográfica y de video para teleconferencias, archivos gigantescos de toda clase de datos, accesos a bancos y otros establecimientos para la realización de pagos y transferencias, así como a compras en línea con entregas inmediatas a domicilio, a navegadores satelitales y a toda la información y servicios habidos y por haber en todo el mundo a través del internet.
Gracias a ello, durante la pandemia se pudo privilegiar el denominado teletrabajo, el cual ya está regulado en la Ley Federal del Trabajo. Hoy la ley ya prevé una serie de obligaciones para los patrones y para los trabajadores que laboran en esa modalidad; por ejemplo, los patrones deben pagarle al trabajador la instalación y mantenimiento de los equipos de cómputo, los insumos, las sillas ergonómicas, las impresoras, el internet, la parte proporcional de la electricidad, la capacitación y obviamente la seguridad social. También deben respetarle su derecho a la intimidad y a la desconexión. Ah y a los teletrabajadores no se les debe pagar menos que a los que trabajan de manera presencial.
Precisamente por ello el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares contiene un amplio apartado sobre la Justicia Digital, o sea, sobre los juicios en línea.
La idea es que las demandas y toda clase de promociones se puedan presentar a distancia y a cualquier hora en buzones electrónicos, que se puedan notificar a través de correo electrónico y hasta por whatsapp, que se utilice la denominada firma electrónica avanzada, que las audiencias puedan llevarse a cabo a través de videoconferencias, que los expedientes sean electrónicos y se archiven en la nube, etcétera, etcétera.
Para hacerlo posible los Poderes Judiciales deberán adquirir equipos, capacitar al personal y a los litigantes, contratar informáticos en cada juzgado e invertir en ciberseguridad para evitar hackeos o que llevemos a cabo diligencias con personas irreales producto del metaverso y la inteligencia artificial.
Para transitar a los juicios en línea, como ya ocurre en otros países, el nuevo Código Nacional nos da un plazo de cuatro años y ya pasaron seis meses; pues no vamos a avanzar un milímetro si no se nos asignan recursos suficientes, por lo pronto en el presupuesto federal 2024 no viene un peso para ello, que lástima que la justicia no sea prioridad, solo las elecciones.
