En la actualidad, los derechos laborales son fundamentales para asegurar una relación justa y equitativa entre empleadores y empleados. Uno de los aspectos más críticos de estos derechos es la protección contra el despido injustificado, un tema que no sólo afecta la estabilidad financiera de los trabajadores, sino que también socava la integridad del entorno laboral.
El pasado viernes 26 de enero fueron despedidos 614 trabajadores de las plantas 2 y 3 de la maquiladora Aptiv Cableados, cuya ubicación de ambas están en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, y en el que de acuerdo con algunos de los obreros que fueron cesados por la empresa proveedora de partes para automóviles, fueron convocados a la sala de juntas, donde personal de la directiva les comunicaron que, dada la reducción en la demanda en la producción, tendrían que ser dados de baja.
Y así sin previo aviso y sin tomar en cuenta sus derechos laborales en la mayoría de los casos, no se les brindó ninguna información, ni fueron asesorados por alguna autoridad laboral de la nueva gobernanza, por lo que lo anterior configura el despido injustificado, el cual ocurre cuando el empleado es despedido sin una causa válida o sin el debido proceso.
Esto parece suceder como si no existieran leyes que protegen a los trabajadores y pueden ser despedidos arbitrariamente, lo que origina inestabilidad en el empleo y por supuesto la violación a sus derechos laborales.
Es de esta forma como de un día para otro, 614 hogares quedaron al desamparo, lo que resulta lamentable ya que, a causa de la pérdida de su empleo, el impacto no es sólo en lo individual, sino que también tiene consecuencias sociales y económicas.
Los trabajadores despedidos injustamente enfrentarán además de las dificultades financieras, pérdida de autoestima y estrés emocional, además de que toda esta circunstancia socava la escasa confianza que se tiene en el sistema laboral y por supuesto que ello desalienta la productividad y la lealtad de los empleados.
Adicionalmente, la plaga de la escasa seguridad pública en ese municipio, es justamente la pandemia de la violencia, la inseguridad y la delincuencia organizada e inteligente, que aunada a esta situación complica aún más la frágil tranquilidad de Fresnillo.
Es evidente la grave crisis que se vive en el municipio, la cual se agudiza ante la falta de inversión y la notable ausencia del titular del Ejecutivo Estatal, así como del responsable de impulsar el desarrollo económico en el estado, claro de Rodrigo Castañeda Miranda, quien dice despachar en la Secretaría de Economía, el mismo que cada que sale a conseguir inversionistas regresa feliz con el portafolio cargado de cartas de intención que no son otra cosa que justificantes para cubrir sus paseos de placer.
Mientras el Ejecutivo en su parafernalia discursiva emite su decreto por la paz, olvida que la paz se consolida con desarrollo económico, con la actuación de las autoridades para asegurar la impartición de justicia, con la aplicación irrestricta de la ley, con el combate a la corrupción y con políticas que garanticen la seguridad de los ciudadanos, pero sobre todo asumiendo la responsabilidad de sus deberes alejados de frases cantinflescas como “abrazos, no balazos”.
Es evidente que no consideran que la actual recesión, cuya gravedad exige implementar acciones con visión y compromiso para activar la economía, es decir, entender que se debe generar un cambio estructural, que vaya en sintonía con elementos de política económica que ayuden a combatir las bajas tasas de crecimiento y modifiquen el desalentador panorama en materia económica que observamos y que hoy día representan los peores indicadores de las últimas administraciones.
Por ello es importante proteger las fuentes de trabajo, pues sin temor a duda, los derechos laborales son de la mayor importancia para una economía sana, de ahí que las razones que se esgriman para despedir a los trabajadores no sólo afectan la economía doméstica, sino que también generan perturbaciones en el consumo y por supuesto en el ingreso.
En resumen, la protección contra el despido injustificado es esencial para garantizar la dignidad y los derechos de los trabajadores. Promover una cultura laboral basada en la justicia y el respeto no sólo beneficia a los empleados individualmente, sino que también contribuye al bienestar general de la sociedad en Zacatecas, algo que evidentemente no le importa a la llamada Nueva Gobernanza.