El 5 de febrero conmemoramos el 107 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana.
Desafortunadamente, en el presente sexenio, cada año, la discusión se desarrolla en el mismo sentido: el manoseo que el titular del Poder Ejecutivo federal amenaza hacer a nuestra Constitución.
El gobierno morenista está empecinado en modificar nuestra Carta Magna, que tiene reconocimiento como una de las mejores del mundo, por su contenido de avanzada y protección de los derechos humanos.
En este 2024, cuando ya está a punto de terminar AMLOlandia, no fue la excepción. En esta ocasión la embestida a la Constitución ha sido la más cruenta por parte del autócrata que habita en Palacio Nacional. Desde ahí, envió un paquete de 20 propuestas, de las cuales son 18 iniciativas presidencialistas de reformas para remendar 51 artículos de la Carta Magna y crear un documento acorde a los intereses de la 4T, que les permita continuar la destrucción del país, debilitar la democracia, desaparecer órganos autónomos y disminuir el sistema de justicia.
Cabe aclarar que Acción Nacional habrá de acompañar las que tienen sentido social; pero, será motivo de otro análisis.
Por eso, en esta ocasión deseo retomar las palabras firmes, contundentes y precisas que en la ceremonia conmemorativa del Día de la Constitución dio el Ministro Alberto Pérez Dayán, en representación del Poder Judicial.
Como acotación quiero aclarar que fue él, con su voto de calidad como Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien declaró la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, promovida por Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el mayoriteo oficialista en la Cámara Baja el 2021, cuyo trasfondo era crear en el país un monopolio al excluir la inversión privada.
El valiente Ministro Pérez Dayán puso “los puntos sobre las íes” y al defender la Carta Magna afirmó que el Poder Judicial debe estar alejado de la política y que por encima de la Constitución no puede estar ningún Poder, nada ni nadie, por muy gobernante que sea y haya emanado de una elección popular.
En el contexto en el que se incita a que los miembros de la Corte sean elegidos por voto popular y directo, recordó que “el magistrado no es igual al diputado o al senador. El magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a nadie; no lleva el criterio del elector, sino que lleva el suyo propio”.
Como legisladora federal panista coincido plenamente con el integrante del Poder Judicial cuando señala que a los ministros y jueces “simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social, porque él tiene que obrar en su función precisa, obrar quizá hasta en contra de la opinión de los electores”.
Como ejemplo tenemos la designación de la cercana a AMLO, Lenia Batres, como Ministra. Desde su llegada la credibilidad e imparcialidad de la Corte está en duda.
Es por esta reflexión que quiero advertir que las y los legisladores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional (GPPAN) en las Cámaras de Diputados y Senadores defenderemos a “capa y espada” nuestra Constitución Mexicana, porque la Ley sí es la Ley.
No permitiremos de ninguna manera que se afecte la División de Poderes ni que desaparezcan los organismos autónomos, que son el contrapeso a las decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.
