Indignantes son para México las imágenes de cinco niñas y 15 niños que en el pueblo de Ayahualtempa, Guerrero, fueron armados como autodefensas, para proteger a su comunidad de la delincuencia organizada, ante la indolencia de las autoridades federales y estatales.
El hecho no sólo resulta inadmisible, porque se trata de adolescentes entre 11 a 17 años, que abandonaron las aulas y su esperanza de tener un futuro mejor, para llevar en sus manos armas asesinas; sino que es vergonzoso para los gobiernos de la República y guerrerense, pues evidencia la incapacidad de esas autoridades para atender la creciente inseguridad y refleja claramente el fracaso de la estrategia de “Abrazos no balazos”.
El gobierno de la fracasada transformación le da abrazos a la delincuencia, mientras permite que se arme a menores, en flagrante violación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y como Estado falta a su deber de proteger el “interés superior de la niñez”.
Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no le interesa proteger a las y los futuros ciudadanos de la nación. En los casi seis años de su gobierno ha dejado a la niñez en el abandono, sin políticas públicas para ofrecerles educación y salud de calidad, disminuir la violencia intrafamiliar, salvaguardarles de la delincuencia y proteger a los huérfanos de la violencia y del feminicidio, entre muchas otras aristas que viven en sus entornos.
Las cifras son alarmantes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia estima que en México hay alrededor de 1.6 millones de huérfanos por crimen organizado y desapariciones forzadas de sus madres y padres.
En el caso de los feminicidios ni siquiera existen bancos de datos confiables respecto al número de niñas, niños y adolescentes en la orfandad a causa de este delito. Aunque cifras conservadoras señalan que sólo del 2019 al 2022 se registraron 5 mil menores en esa situación.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) señala que en el país diariamente son asesinados alrededor de 7 niñas, niños y adolescentes. Las entidades con el mayor número de casos de homicidios dolosos con armas de fuego son Guanajuato, Michoacán y Zacatecas. En nuestra entidad desde el 2015 a la fecha se registran más de 500 homicidios y feminicidios contra menores de edad.
Como madre de familia me causa gran dolor el saber que para la 4T la infancia, la niñez y la adolescencia no son prioridad, que les deja en el desamparo y se les abandona a su suerte, revictimizando a ese sector que requiere de atención y solución a sus problemas, ya que las violencias les causa gravísimas consecuencias, como la afectación a su salud emocional y les deja en riesgo de ser víctimas de explotación física, sexual y laboral.
Desde la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) trabajamos para proteger y garantizar la vida de las niñas, niños y adolescentes, castigar a quienes les dañan, evitar que sean reclutados por el crimen organizado, disminuir el trabajo infantil y generarles condiciones de bienestar, a fin de garantizarles un futuro confiable para su desarrollo y realización plena.
