Decía la senadora Soledad Luévano, hoy candidata a diputada federal por el Distrito 3 como premio de consolación, que «es tiempo de darle la última estocada a los corruptos«. Y en la 64 Legislatura parece que le tomaron la palabra.
En lo que fuera la continuación de la sesión legislativa suspendida desde el pasado 15 de marzo, el diputado priísta Manolo Gallardo presentó a nombre de la bancada del PRI una iniciativa de punto de acuerdo para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) que dice encabezar Humbelina Elizabeth López Loera haga su chamba y deje el marasmo y la simulación que le ha caracterizado.
No se sabe si la iniciativa de punto de acuerdo fue en represalia por la inhabilitación pendiente en contra de Roberto Luévano Ruiz, hoy aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Guadalupe, o si fue mera coyuntura y casualidades de la vida.
Lo cierto es que la iniciativa en cuestión aprobada por unanimidad de 24 diputados presentes se resume en un exhorto a la SFP para vigilar el uso de recursos públicos en la Secretaría de Educación y la Secretaría del Campo. Específicamente esas dos dependencias.
La primera, por concentrar casi casi el 30% del Presupuesto estatal (unos 12 mil millones de pesos por año). La segunda, porque el extitular de SECAMPO, Jesús Padilla Estrada, fue sorprendido utilizando vehículos oficiales con logotipos colocados con imanes, cuando hace días que dejó de ser servidor público y hoy aspira a ser candidato a diputado local, al igual que la extitular de la SEDUZAC, Maribel Villalpando Haro.
Durante la discusión de la iniciativa (para la cual nadie se opuso a que fuera considerada de urgente y obvia resolución), la diputada Gaby Basurto enfatizó en la importancia de verificar cómo se ha manejado el recurso público en ambas dependencias, no sólo en el ejercicio fiscal 2022, como planteaba la iniciativa, sino en la revisión al ejercicio fiscal 2023 y el del año actual.
Y aventuró como hipótesis que actualmente se estarían utilizando recursos públicos desde la SEDUZAC y la SECAMPO para beneficiar a aspirantes a una candidatura por MORENA, en un hecho que consideró como grave, sobre todo porque ni siquiera ha comenzado formalmente el periodo de campañas locales.
Para rematar, exigió a la titular de la SFP que así como revisan la anterior administración, vigilen el actuar los servidores públicos de la «nueva gobernanza» porque «cuando se habla de transparencia y combate a la corrupción, aquí se debe ver«.
Abonando al escándalo, el diputado Manolo Gallardo refirió que en el Distrito 18 ha visto circular «muchas camionetas» como las referidas por la diputada Gaby Basurto, en las que viajan aspirantes a alguna candidatura por MORENA.
Por ello, el priísta exhortó al Gobierno del Estado que se pudiera proporcionar las placas de los vehículos nuevos con las características descritas y que hoy se les ha visto circulando en la región de Nieves, Río Grande o Miguel Auza.
Sin embargo, no hay que buscarle tres pies al gato. Ya desde el 2 de junio de 2023, en este espacio habíamos advertido que podría llegar esta situación con la Licitación pública estatal LPE-SEDUZAC-932049954-03-2022, relativa al «arrendamiento puro de 30 camionetas nuevas tipo pick up y una camioneta SUV nueva«, solicitados por la Subsecretaría Administrativa de la SEDUZAC.
En esa fecha se firmaría el contrato respectivo cuyo fallo ganó la empresa Integra Arrenda SA de CV SOFOM ENR, filial de Grupo Andrade, perteneciente a Ángel Mieres Zimmermann, presidente del Consejo de Administración de El Heraldo de México. Además, el CEO de Integra Arrenda es José Alfredo Abascal, cuyas actividades reciben mucha atención por parte de los medios que conforman el grupo El Heraldo de México
Por si fuera poco, Grupo Andrade se ha convertido en el principal proveedor de vehículos del Gobierno federal en este sexenio. De hecho, en 2023 ganó 2 licitaciones de SEDENA por un total de 8 mil 147 millones para el arrendamiento de vehículos.
Se trata de la misma empresa que en el primer trimestre de 2023 ganó una licitación de la Secretaría del Bienestar, por «Servicio de Arrendamiento Transporte Vehicular Terrestre dentro del Territorio Nacional«, hasta por 3 mil 641 millones 577 mil 670 pesos. Y sí, se trata de los mismos vehículos que utilizan en la Delegación de Programas para el Desarrollo en Zacatecas, como se ha confirmado desde este mismo espacio.
Para el caso de la Licitación pública estatal LPE-SEDUZAC-932049954-03-2022, el arrendamiento (a evidente sobrecosto, y existen las pruebas para corroborarlo) se financió con recursos del Fondo Nacional de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE). Así que el escándalo podría alcanzar otros niveles.
Por si no fuera suficiente, en rueda de prensa los candidatos de la coalición «Fuerza, corazón, tripas y lengua» (o algo así) Miguel Torres, al Senado, y Raymundo Moreno, a la diputación federal del Distrito 3, denunciaron que funcionarios de la «nueva gobernanza» andan repartiendo calentadores solares y tinacos en plena veda electoral.
Una cosa debe quedar clara: la Ley Electoral no prohíbe la entrega de apoyos, mientras los programas tengan sus reglas de operación y lineamientos debidamente publicados antes de la veda y se encuentren debidamente calendarizados en los Programas Operativos Anuales. De ahí la saturación de dichas publicaciones en el Periódico Oficial (incluyendo fe de erratas, modificaciones o adendas).
Porque la única prohibición expresa es la relativa a la promoción y difusión de los programas, aunque su entrega (y en este contexto de exservidores públicos captados in fraganti) despierte sospechas de uso de recursos públicos con fines electorales.
Así que volvemos a Soledad Luévano: ¿es tiempo de darle la última estocada a los corruptos? Vamos viendo…
