El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, suele ser una fecha marcada por la lucha, la protesta y la reivindicación de los derechos de las mujeres en todo el mundo, y la que suscribe, no sólo por ser mujer, sino porque en nuestro oficio de demócratas estamos siempre del lado de las causas justas.
Sin embargo, en la edición de este 2024, dicha conmemoración se vio empañada, toda vez que, casi al final de la manifestación, las circunstancias que se desarrollaron tomaron un giro alarmante y mujeres y niñas que participaron en la marcha, así como personal de los medios de comunicación, fueron brutalmente reprimidas por la policía.
Qué lamentable que lo que comenzó como una expresión legítima de solidaridad y demandas por igualdad de género, reclamos por la violencia hacia las mujeres y los magros resultados del gobierno de la llamada 4T, la Plaza de Armas se convirtió en un escenario de violencia y represión policial.
Las imágenes y videos que emergieron de la manifestación mostraron a mujeres siendo golpeadas, arrastradas por el suelo y detenidas de manera violenta por las fuerzas del orden, la respuesta desproporcionada de la policía hacia las manifestantes es indignante y revela una clara violación de los derechos humanos y de los protocolos de proximidad que deberían regir el actuar de las autoridades.
Me resulta especialmente preocupante que, en lugar de proteger y garantizar el derecho de las mujeres a protestar pacíficamente, las fuerzas policiales recurrieran a la violencia. Afirmo categóricamente que esta acción no sólo atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la protesta, sino que también refleja una grave falta de sensibilidad del gobierno de la mal llamada transformación, una ausencia total de oficio político, y de trato hacia las demandas y los derechos de las mujeres zacatecanas.
De igual manera, pienso con todo respeto y absoluta responsabilidad que las disculpas ofrecidas por el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, y su apoyo hipócrita para las investigaciones pertinentes no es un favor, es su deber como responsables de la seguridad de los ciudadanos, y ante tales hechos debieron haber separado de sus cargos a los responsables y dejarlos, ahora sí, en manos de la Fiscalía.
Es para mi muy importante destacar que la brutalidad policial no sólo es un acto de violencia física, sino que también perpetúa un sistema de opresión que margina y silencia las voces de las mujeres, toda vez que en la respuesta que ensayaron las autoridades ante la manifestación feminista y todas las manifestaciones en general, se les “olvidó” que debería primar el respeto y diálogo, no la represión y la violencia.
Pero este gobierno de cuarta no sabe nada de eso, es absolutamente reprobable lo que ocurrió la tarde del 8M, absolutamente abominable todo esto que pasó ante la mirada de quienes hemos sido testigos de estas acciones, propias de un gobierno fascistoide y autoritario, a través de los videos que han circulado en las redes sociales y que dan muestra del verdadero rostro de la Cuarta Transformación, la más refinada y excelsa actitud retrógrada propia de gobiernos totalitarios.
En este contexto, considero sustancialmente y de elemental justicia que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre los eventos ocurridos durante la marcha del 8 de marzo, y que se responsabilice a los culpables de abusos de poder y violaciones a los derechos humanos.
En ese sentido, como ya lo expuse anteriormente, pero debo insistir en ello, considero no sólo pertinente, sino absolutamente necesario separar de sus cargos a los responsables de este primitivo acto de gobierno, deben renunciar los secretarios de gobierno y seguridad, Rodrigo Reyes Mugüerza y Arturo Medina Mayoral, así como los elementos que estuvieron involucrados.
No se necesita mucha ciencia para entender que es necesario atender de manera pulcra e imparcial todo lo que se halla en torno a las circunstancias tan vergonzantes que se generaron y garantizar que se implementen medidas concretas para garantizar la seguridad y el respeto hacia las mujeres y de cualquier ciudadano que ejercen su derecho a manifestarse.
Finalmente, concluyo que la violencia policial en contra de la marcha del 8 de marzo es un recordatorio doloroso y una página negra de la historia moderna, en la lucha por el respeto irrestricto de los derechos humanos, los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, la igualdad de género y muchas otras asignaturas pendientes en la agenda pública, todas ellas siguen siendo batallas pendientes en muchas partes del país y el mundo.
Es crucial que nos unamos en solidaridad, ya que como mujeres seguimos enfrentando la violencia y la opresión, por lo que es necesario redoblar nuestros esfuerzos para construir un mundo donde todas las personas, independientemente de su género, puedan vivir libres de violencia y discriminación.