Antes de formular algunas precisiones respecto al PEF 2025, en materia de salud, resulta de vital importancia señalar que en los llamados Ramo Administrativos el número 12 (Secretaría de Salud), atiende lo que se considera como un derecho humano fundamental y un pilar esencial para el desarrollo de cualquier sociedad.
Debemos manifestar a los legisladores que un sistema de salud sólido no sólo protege a las personas de enfermedades, sino que también contribuye al bienestar integral, la productividad y la estabilidad económica de un país.
Invertir en salud pública significa apostar por una sociedad más equitativa, capaz de responder a los desafíos actuales y prevenir futuras crisis sanitarias.
En este contexto, la asignación presupuestaria destinada al sector salud adquiere una relevancia estratégica, pues garantiza la disponibilidad de infraestructura, personal capacitado y programas preventivos que salvan vidas y mejoran la calidad de vida de millones de personas, pero estos aspectos tal vez son puntos ciegos de la labor legislativa.
Hagamos un simple bosquejo de lo que representa el impacto del recorte presupuestal en la Secretaría de Salud. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, correspondiente al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien propone 66,693.2 millones de pesos para la Secretaría de Salud federal (SS).
Este monto representa un recorte del 34% en términos reales respecto al presupuesto aprobado para 2024, que ascendió a 101,114.1 millones de pesos.
Esta disminución suscita preocupaciones importantes sobre el impacto que tendrá en el manejo y operación de los temas relativos a las tareas sustantivas de esta dependencia, está claro que se verán afectadas áreas clave como la prevención de enfermedades, la vacunación y la vigilancia epidemiológica, pilares fundamentales de la salud pública. Sabemos que el gobierno busca optimizar los recursos mediante la consolidación y el uso compartido de la infraestructura entre instituciones como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, con todo y esto los retos son enormes.
Pues el tamaño de la población abierta de acuerdo sería de aproximadamente de unos 102.5 millones de personas, toda vez que los datos del IMSS, reportan para este 2024 un total de 22 millones de personas con derecho a la seguridad social.
En ese sentido podemos señalar que el presupuesto para el ISSSTE y el IMSS presenta incrementos del 6% y 4.7% en términos reales, respectivamente, la Secretaría de Salud, encargada de la rectoría del sector y de la atención primaria, verá limitada su capacidad de acción. Esto podría afectar directamente a los sectores más vulnerables de la población, dificultando el acceso universal y gratuito a servicios de salud de calidad.
La exposición de motivos del PPEF subraya que el modelo de salud buscará reducir desenlaces negativos como la mortalidad prevenible y los gastos catastróficos de los hogares en salud. Sin embargo, la magnitud del recorte presupuestal pone en duda la viabilidad de alcanzar estas metas en el corto plazo.
Sobre todo, ahora que la salud pública enfrenta desafíos globales y locales, es imperativo mantener un equilibrio entre la austeridad y las necesidades de la población.
La disminución presupuestal de la Secretaría de Salud para 2025 plantea un reto significativo para garantizar un sistema de salud incluyente y eficiente, y se torna estrictamente necesario formular un análisis crítico sobre las prioridades nacionales en la asignación de recursos.
