Del ruinoso espectáculo del gobernador David Monreal en su cuarto informe de labores, en el que se reprimió a colectivos de búsqueda para que no rompieran la «burbuja del bienestar» y los aplausos en los que vive el mandatario, pasamos a la represión de los símbolos que representan al «pueblo bueno y sabio».
Porque durante la marcha conmemorativa por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, elementos de seguridad estatales intentaron sacar del contingente al personaje conocido como «Martín Pueblo«, que se ha distinguido por figurar en eventos públicos de relevancia con pancartas que celebran o cuestionan lo bueno o malo de cada administración.
Nuevamente, como ya se hizo (mala) costumbre, nadie dio la orden de reprimir porque, parafraseando al secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, «se siguen procesos» (o algo así). Nada más que esos procesos más parecen enfocados en proteger al gobernador que en garantizar sus derechos a la población, incluyendo el de libre manifestación y libertad de expresión.
De por sí David Monreal carga consigo una alta desaprobación, esta percepción no aminora con el cerco que impone la «nueva gobernanza» entre el gobernador y el «pueblo bueno y sabio» sobre el que dicen que gobierna, ese que le llevó a la gubernatura.
Así pues, era natural la rechifla que le dedicaron en la Plaza de Armas durante el tradicional Grito de Independencia, particularmente al lanzar ese «¡Viva la Cuarta Transformación de México! ¡Viva el anhelo de paz y bienestar de nuestro pueblo!». Porque desde el primer día de la actual administración, ni llegó la Cuarta Transformación, ni se consumó el discurso de «paz, bienestar y progreso». Y ya estamos estrenando el quinto y penúltimo año de gobierno (porque dicen que «no hay mal que dure cien años…«).
A la par, las y los presidentes municipales que rindieron sus respectivos informes del primer año de administración pasaron sin pena ni gloria, no importa si eran de la Capital o de Momax, o si entre dichas figuras había quien aspire a una candidatura a la gubernatura en el 2027.
Hace mucho que los informes de gobierno dejaron de ser verdaderos ejercicios de rendición de cuentas y de autocrítica. Hoy son meros eventos para justificar un gasto de costos inflados y aplausos pagados donde no cabe la crítica, mucho menos la libre manifestación. Y eso es en todos los colores…
Lo importante es que ya tenemos nuevo Poder Judicial del Estado de Zacatecas que estrena figuras en magistraturas y juzgados, así hayan sido electas con los cuestionadísimos «acordeones» que restaron legitimidad a un proceso que debió ser otra cosa.
El hecho de que el gobernador David Monreal no haya entregado personalmente su Informe de Gobierno ante el Poder Legislativo el pasado 8 de septiembre (como marca la Constitución), pero sí haya acudido a atestiguar la toma de protesta a quienes integrarán el nuevo Poder Judicial del Estado de Zacatecas ya dice mucho sobre la nueva era que se inaugura en la impartición de justicia en el estado.
Y no es como que antes de la reforma judicial haya sido mejor la impartición de justicia, pero al menos se fingía autonomía e imparcialidad. Esos tiempos no volverán y no sabemos si para bien o para mal.
¿Y dónde quedó la transparencia?
A propósito del Poder Legislativo, y de la rendición de cuentas, resulta harto interesante revisar el documento del Cuarto Informe de Gobierno de David Monreal, en el que no hay una sola mención a la reforma constitucional relativa a la simplificación orgánica que dio paso a la extinción del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección ce Datos Personales.
De hecho, sobre esta materia, a lo mucho se menciona el cumplimiento de obligaciones, la publicación de declaraciones patrimoniales de la burocracia, y alguna que otra acción de transparencia proactiva.
Sin embargo, el tema es más grave de lo que parece este desdén por la transparencia. Como se recordará, en sesión del 14 de mayo de este año fue aprobado por la 65 Legislatura el dictamen con el decreto con la reforma constitucional en comento, y en sesión del 19 de junio también se aprobaron los dictámenes con los decretos para reformar la Ley de Transparencia y expedir una nueva Ley de Protección de Datos Personales.
Pues ninguno de los decretos ha sido publicado aún en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. Tal vez por eso no se ha cumplido el artículo Cuarto Transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Transparencia del Estado de Zacatecas, ese que establece que el gobernador tendrá un plazo máximo de 15 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto para designar a la persona titular del nuevo órgano denominado Transparencia para el Pueblo de Zacatecas.
Y por lo que se ve, no ha prisa, pues estas omisiones han permitido a casi todos los sujetos obligados incurrir en actos de incumplimiento a la normatividad (no importa si fue antes o después de las reformas). Digamos que llegó a tal punto la simplificación orgánica que no sólo extinguieron al IZAI, sino que también dieron muerte y sepultura a la transparencia.
¡Ah, pero qué tal se ve el zar anticorrupción, Ernesto González Romo, con sus espectaculares contra el fiscal anticorrupción y el exgobernador Miguel Alonso Reyes! Qué manera de hacerle al tío Lolo…
Fe de erratas
El pasado 12 de septiembre, en este espacio, dimos a conocer denuncias ciudadanas en las que se acusaba supuesto desvío de recursos de los programas del bienestar en la Delegación de Programas para el Desarrollo en Zacatecas.
Al respecto, hay que precisar que el presunto desvío no es a través de las tarjetas con las que se paga la Pensión Universal para Personas con Discapacidad, sino del programa de Pensión para Adultos Mayores, esa cuyos recursos utilizan sus beneficiarios principalmente en paliar las necesidades que ya no cubre el Gobierno federal (ni el estatal), como el abasto de medicamentos.
Eso significaría que el presunto desvío mediante el «extravío» de unas 500 tarjetas no sería por unos 33 millones 585 mil pesos aproximadamente, sino que ascendería a cerca de 49 millones 500 mil pesos en los últimos cuatro años.
Por lo demás, es cierto que la delegación que hoy encabeza Adilene Rosales se encuentra abjo auditoría por el presunto «extravío» de esas 500 tarjetas, cuyos recursos sí se han cobrado. Y hay quien dice que quienes las tienen su poder las utilizan descaradamente en tiendas departamentales. Pero, pues, viva la 4T… ¿o cómo decía el gobernador?
The article effectively criticizes the lack of transparency and accountability in Zacatecas government, highlighting the消逝 of the Transparency Institute and the failure to implement recent reforms. The authors sharp observations on political maneuvering and the absence of genuine change are both insightful and concerning.