La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa una propuesta que, más allá de la polémica superficial, apunta al corazón de uno de los mayores dramas silenciosos de México: la fragmentación y la inequidad en el acceso a la salud.
La iniciativa de crear una credencial única para los sistemas de salud no es un mero trámite burocrático; es la llave para comenzar a desenredar la maraña de obstáculos que enfrentan millones de mexicanos cada vez que buscan atención médica.
Históricamente, nuestro sistema ha operado como un archipiélago de islas desconectadas: IMSS, ISSSTE, servicios estatales, hospitales privados. Cada uno con sus reglas, sus trámites y sus bases de datos que no se comunican.
Para el ciudadano, esto se traduce en desgaste: filas interminables para obtener un turno, papelería que se pierde, historiales clínicos que no viajan con el paciente y, en el peor de los casos, la negación de atención por no portar el «carnet correcto» en el lugar correcto. Es una realidad que penaliza, sobre todo, a los más vulnerables, a quienes no tienen los recursos o el conocimiento para desarrollarse en la tramitología.
La credencialización propuesta es, en esencia, un poderoso instrumento de justicia social. Primero, simplifica y dignifica. Un solo documento identificará al individuo frente a cualquier institución pública de salud, eliminando la primera y más absurda barrera: demostrar que tiene derecho a ser atendido. Es poner al paciente en el centro, no al procedimiento administrativo.
Segundo, es el cable conductor para la integración futura del sistema. Esta credencial puede ser el soporte físico y digital que permita, con las salvaguardas éticas y técnicas necesarias, la creación de un expediente clínico único y portátil. Esto no es ciencia ficción; es eficiencia y seguridad clínica. Un médico de urgencias en Veracruz podría acceder a la información vital de un paciente de Chihuahua: alergias, padecimientos crónicos, tratamientos previos. Salva vidas y evita errores médicos.
Por supuesto, la medida despierta dudas legítimas. La protección de datos personales es una preocupación primordial y no es menor. Sin embargo, el marco legal existe (la LFPDPPP) y la tecnología ofrece soluciones robustas de cifrado y acceso segmentado. El reto no es técnico, sino de implementación y vigilancia ciudadana. La credencial no debe ser vista como un instrumento de control, sino como una herramienta de empoderamiento del paciente sobre su propia información sanitaria.
Criticar esta iniciativa por sus costos iniciales o sus desafíos logísticos es perder de vista el bosque. El costo real, el que llevamos décadas pagando, es el de un sistema ineficiente que genera desigualdad y mala salud. Es el costo de las horas laborales perdidas en filas, de las enfermedades que se agravan por falta de continuidad en la atención, de la desconfianza ciudadana en las instituciones.
La credencialización anunciada por la presidenta Sheinbaum es mucho más que un plástico con foto. Es el primer paso tangible hacia un sistema nacional de salud que se piense como tal: un sistema. Es un compromiso con la modernización al servicio de las personas, no de la burocracia.
Apoyarla y exigir que se implemente con transparencia, rigor técnico y absoluto respeto a la privacidad, es apostar por un México donde el derecho a la salud deje de ser un privilegio ligado a un empleo específico o a la capacidad de sortear obstáculos, y se convierta en una garantía tangible, accesible con un solo documento.
