Sin respuesta ni soluciones

El «Año del Bienestar» no llegó al campo. No es una afirmación al aire. Se trata de una realidad opacada por la mentira de una pretendida soberanía alimentaria, mentira que se fue cayendo a pedazos durante el segundo semestre de 2025 entre una y otra manifestación de productores abandonados a su suerte.

Más allá de presuntos líderes farsantes que detrás sólo siguen buscando jalar agua para su molino, en el fondo miles de campesinos zacatecanos se han enfrentado a una burocracia que no atiende ni resuelve mientras el frijol se pudre en el barbecho.

No fueron pocas las protestas de productores y productoras que el año pasado insistían una y otra vez en las mismas demandas: reglas de operación de los programas en tiempo y forma, apertura oportuna de ventanillas, ampliación de plazos de registros, precios de garantía que de verdad hicieran justicia al campo, centros de acopio suficientes y que recibieran el grano a quienes cumplieron con los requisitos y, en última instancia, lo más básico: el reparto de costales para el acopio de frijol.

Pero sus demandas no tuvieron ni han tenido respuesta, mucho menos solución. Únicamente promesas vacías como cuando David Monreal era coordinador de Ganadería, y hoy que es gobernador se olvidó de ponerle diésel al «eje tractor» del campo (cualquier cosa que eso signifique).

Las estadísticas de empleo formal del IMSS dan cuenta de que el sector agropecuario ha sido uno de los más lastimados en el sexenio de la «nueva gobernanza», pero particularmente durante el «Año del Bienestar», al ser de las actividades económicas con mayor pérdida de trabajadores.

Y no es como que el «Año del Progreso» (o sea, este 2026) vaya a cambiar el panorama, pues si bien el presupuesto de la Secretaría del Campo (SECAMPO) que se destinará a subsidios para la adquisición de tractores, maquinaria e implementos agrícolas pasará de 105 millones de pesos a 228.3 millones, estos paliativos no compensan las pérdidas que hoy enfrentan las y los productores por la ineficiencia burocrática federal y estatal.

No fue gratuito el llamado que hiciera en su momento el obispo Sigifredo Noriega Barceló para atender a los «damnificados» de la 4T (particularmente las y los campesinos), un llamado que le llevó a ser acusado por un tal Rubén Flores, dirigente del Consejo Político Estatal de MORENA, de sobrepasar los límites de la libertad de expresión alegando violación al Estado laico (y luego se arrepintió y retiró la queja).

Hoy las y los productores zacatecanos no sólo se enfrentan a un coyotaje que paga a 7 pesos el kilo de frijol para revenderlo a 27 pesos ante el letargo de las autoridades para abrir los centros de acopio suficientes para la producción susceptible de beneficiarse con el programa tan prometido del Precio de Garantía. Vamos, ni siquiera han repartido los costales para empaquetar el grano.

Esta ineficiencia burocrática (por no llamarle indolencia) por supuesto que representa pérdidas para quienes invirtieron su capital (a veces con endeudamiento) con la esperanza de lograr una buena producción que redituara en suficiencia alimentaria y, con suerte, ingresos excedentes que les permitieran mejorar su calidad de vida en el «Año del Bienestar» que nunca llegó.

Y mientras la tierra seguía a la suerte del temporal para florecer, las y los campesinos enfrentaban el estrés de una reforma a la Ley de Aguas que los puso en vilo en todo el país mientras se discutían reformas que impactaban a más de 4 mil concesiones sin regularizar (otra vez, por la ineficiencia burocrática).

A ello se suman los altos costos de la energía eléctrica y la falta de subsidios; la muy tardía entrega de semillas, fertilizantes e insumos y equipamiento, sin olvidar la eliminación de varios programas que antes les eran de mucha utilidad.

Porque se eliminaron los convenios con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y dejaron únicamente temas de salud animal y vegetal (y con bastantes limitaciones). Desapareció la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA), el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural) y hasta el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO).

Lo que quedó en apoyo al campo es un programa de diesel agropecuario que desapareció a nivel federal, y que la «nueva gobernanza» no ha tenido la capacidad para asimilar la alta demanda de productores locales.

Además, lo que era el PROCAMPO ahora lo maneja la Secretaría del Bienestar; el programa de fertilizantes, entre SADER y Bienestar; los subsidios para la cuota energética quedaron en una inoperante SADER; y Sembrando Vida lo operan entre SADER y Bienestar, aunque en Zacatecas es insignificante el número de beneficiarios. En resumen: más burocracia y nada de soluciones.

A estas alturas, el campo ya no exige más promesas vacías, porque ha quedado claro que el papel sirve para dos cosas cuando el grano se pudre en medio de la indolencia administrativa y los falsos discursos de una pretendida soberanía alimentaria. Pero, pues, cada quién con sus tractores…