Mientras a la dirigencia estatal de MORENA le valió 3 hectáreas de cacahuate el caso del alcalde de Villanueva, Rogelio González Álvarez «Chailito«, a quien la semana pasada la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) inició un procedimiento sancionador de oficio, no pudo hacerse de la vista gorda con el escándalo por el caso de Jaime Castillo, dirigente juvenil de MORENA en Zacatecas, por la agresión hacia una mujer durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana el pasado miércoles.
Y más pronto que tarde se pronunció por condenar la agresión y la advertencia de iniciar un procedimiento para la destitución del cargo partidista. Y los deslindes no tardaron en llegar, como el de la senadora (¿con licencia?) Verónica Díaz Robles. Si el caso llega a la CNHJ como el de «Chailito» (que todo indica que derivará en su expulsión del partido), ese ya es otro cantar.
El revuelo que generó esta noticia en cierta medida permitió a la 65 Legislatura transitar sin hacer olas con una iniciativa bastante polémica de la cual avisamos en este espacio este jueves.
Porque entre las cinco iniciativas cuya lectura y presentación ante el Pleno se omitió durante la sesión de este jueves para ser turnadas directamente a comisiones para su estudio y dictamen, con el argumento de que ya estaban publicadas en la Gaceta Parlamentaria, destacaba una en particular.
Se trata de la solicitud del Ejecutivo estatal para la desincorporación y posterior enajenación de un bien inmueble propiedad del Issstezac, correspondiente al predio en el que se ubica el Hotel Parador.
De acuerdo con la iniciativa, el Instituto mantiene adeudos con el Gobierno del Estado de Zacatecas por 315 millones de pesos; el avalúo catastral del inmueble materia de la iniciativa asciende a 289 millones 418 mil 500 pesos, mientras el avalúo comercial asciende a 364 millones 320 mil 43.64 pesos.
Si ya desde la presentación de la iniciativa se hacen del delito entre el oficialismo con la omisión de la lectura, ¿qué se podría esperar con el proceso de dictaminación y posterior discusión y votación ante el Pleno? Porque recordemos que el próximo 30 de junio concluye el periodo ordinario y normalmente la Comisión Permanente tiene menos reflectores, a menos que se cite a periodo extraordinario. ¿Harán cosas buenas que parecen malas y viceversa?
La sesión legislativa de este jueves también tuvo su momento de dimes y diretes en el apartado de Asuntos Generales. Como se recordará, en sesión del pasado 16 de junio, la diputada Ruth Calderón presentó una iniciativa por la que se exhorta a la Auditoría Superior del Estado a que fiscalice los recursos destinados al arrendamiento de vehículos por parte del Ayuntamiento de Zacatecas, por un monto aproximado de 104 millones de pesos.
Aquella iniciativa turnada a comisiones para su estudio y dictamen incluía varios puntos centrados en la revisión integral a los contratos PMZ/STYF/ARR/020/2025 y PMZ/STUF/PS/027/2025; además de contrataciones y movimientos de personal de nómina y honorarios y solicitar que, en caso de detectar irregularidades, se promuevan las acciones, obvservaciones, recomendaciones, procedimientos o responsabilidades que resulten procedentes.
Pues dicha solicitud generó escozor a quien funge doblemente como diputada local y presidenta honorífica del DIF Municipal de la Capital, Karla Estrada, quien este jueves subió a tribuna para exponer un emotivo, pero muy farsante, discurso sobre la transparencia y la rendición de cuentas, y básicamente alegar que la administración pasada fue más corrupta que la actual.
En su exposición, se refirió a contratos de arrendamientos de vehículos en el trienio anterior que, en sus cuentas (que no alcanzaban ni el 10% de los señalamientos a la actual administración), lesionaban la hacienda pública en mayor medida que los contratos de la actual administración del alcalde Miguel Varela por más de 104 millones de pesos.
Ya eso de apelar a que Acción Nacional está comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas ya era un despropósito cuando el Ayutnamiento de Zacatecas lleva un año sin cargar información a la Plataforma Nacional de Transparencia y cumplir con sus obligaciones en la materia, mucho menos con la publicación de todas las etapas del procedimiento de licitación de los dos contratos materia de revisión (y que apestan a simulación de licitación).
Sin inmutarse, la diputada Ruth Calderón (aludida indirectamente en la intervención de su homóloga) se limitó a presentar una ampliación a su punto de acuerdo presentado en sesión del 16 de junio para solicitar, de manera adicional:
- Que se revise también la contratación de prestación de servicios a familiares de funcionarios que fungen como coordinadores de comunicación social.
- Que se revise también viajes al extranjero con cargo al erario y se revisen fechas de pase de abordar y los tiempos de permanencia en otros países contrastándolo con actos oficiales.
- Que se fiscalice además los montos y proveedores a empresas que supuestamente rotularon los vehículos arrendados.
- Que también se revise la retención de cuotas al Issstezac y el probable daño al sistema de pensiones ante una arbitrariedad consistida en promover la separación del sistema solidario.
- También la contratación de despachos externos para supuestas auditorías y despachos de abogados.
- También el pago de asesores que fungieron como diputadas y presidentes municipales y se compruebe que realizan trabajos asignados.
- También la compra de un vehículo a un exfuncionario municipal de Villanueva.
- El uso de personal del Ayuntamiento para la venta de leche de una empresa de Aguascalientes y qué uso se le da al recurso recabado, si el Ayuntamiento ha erogado recurso para tal efecto, tipo de partida y montos, así como la autorización de Cabildo para promoverlo como programa social con el uso de funcionarios.
- La nómina del DIF capitalino en donde cobran asistentes de la diputada Karla Estrada en horarios y funciones dentro de su marco como diputada local.
Como se aprecia, es una larga lista de puntos a revisar y que van en sintonía con tres titulares de la Tesorería municipal (y contando) en lo que va del actual trienio, ante la sospecha de que el manejo de las finanzas no ha sido ni ético, ni legal, ni correcto.
Más allá de que la diputada promovente de esta revisión sí tiene facultades constitucionales para hacer la solicitud a la Auditoría Superior del Estado (ASE), hay quien afirma que estas presuntas irregularidades se quedan cortas frente al gran negocio del cual aún no se habla públicamente: que el llamado Cártel Inmobiliario ya extendió sus operaciones al municipio de Zacatecas.
Ahora sí que para creer en el pretendido discurso de la transparencia y la rendición de cuentas en Acción Nacional, primero que cumplan con la normatividad en la materia. Ya después que hagan los señalamientos que gusten y dispongan… si es que les queda algo de credibilidad. Es cuanto.
