«Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia»
Nelson Mandela (1918-2013) Premio Nobel de la Paz en 1993.
Según el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), una persona se encuentra en situación de pobreza cuando su ingreso es insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas y presenta al menos una carencia social en los seis indicadores establecidos por la ley, como lo son: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.
A mediados del año 2025 el Coneval fue extinguido y las funciones de medición de pobreza y evaluación fueron asumidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también se complementa con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH).
La palabra indigencia proviene del latín indigentia -ae, que significa necesidad, pobreza, carecer de los medios o recursos necesarios para atender las necesidades vitales.
Así que, la principal diferencia es que la pobreza es la carencia de recursos para cubrir una o varias necesidades básicas, mientras que la indigencia (o pobreza extrema) es la falta absoluta de ingresos para adquirir los alimentos indispensables para sobrevivir.
En mayo de 2021 publiqué una columna titulada: “Infantes y adolescentes en situación de calle”, aunque podemos observar que cada día se incrementa el número de personas en situación de calle, no sólo de niños y adolescentes, sino también de adultos mayores.
Entre las causas de la indigencia existen diversos factores económicos, sociales y personales como pueden ser la migración, desempleo, carencia de vivienda, violencia familiar, adicciones a las drogas o alcohol, enfermedades mentales, entre otros.
Independientemente de los motivos por los que una persona se ve obligada a pernoctar en la vía pública, este problema social muestra la incapacidad o fracaso de un sistema incapaz de garantizar una vida digna para todos, con niveles de bienestar adecuado y violando sus derechos humanos. Algunas personas en situación de calle ni siquiera cuentan con documentos básicos como el acta de nacimiento o CURP, por lo tanto, es como si no existieran.
Desafortunadamente, no existe un padrón, una encuesta o conteo oficial que contabilice en forma periódica y precisa a todas las personas en situación de calle, aunque han realizado esfuerzos de conteos locales aproximados como en la Ciudad de México, no es general para todo el país.
Programas sociales
Aunque existen programas sociales, las personas en situación de calle quedan excluidas por falta de documentos de identidad, por no contar con comprobantes de ingresos, ni un lugar fijo de residencia, por tanto, no se tiene comprobante de domicilio.
Por ejemplo, el “Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar”, supuestamente para los que menos tienen, requiere que las personas beneficiarias realicen determinadas aportaciones mensuales, por lo tanto, no contemplan a la población en situación de calle, negando el acceso a estas personas a una vivienda digna.
Si no se cuenta con identificación oficial no se puede inscribir en la escuela ni recibir apoyo de becas para estudiar, no se puede tener acceso a la salud ni ser apoyado con despensas y tampoco acceder a la pensión para adultos mayores. Las personas en situación de calle sufren discriminación al impedirles el acceso a las necesidades básicas que son derechos humanos, de tal forma que se les niega la oportunidad de superarse.
Las personas en situación de calle se encuentran privadas de un derecho fundamental que es el derecho a una vida digna, no debemos normalizar este problema. Es importante que se apoye a esta población a tramitar documentos de identidad y su ingreso a albergues que en muchos lugares sí existen, pero sólo son temporales (limitados) generalmente en temporada de invierno y lo que se necesita son soluciones efectivas.
Es fundamental en primer lugar contar con un registro estadístico de las personas en situación de calle y generar políticas públicas (ya que es problema público), por parte del Estado para garantizar que esta población tenga acceso a sus necesidades básicas: educación (esto les brinda mayores oportunidades), salud, empleo, seguridad social, vivienda, acceso a la alimentación.
Con esto no quiero decir que el Estado se convierta en beneficiencia pública, ya que si a las personas que pueden ser productivas en el corto o mediano plazo se les brinda un espacio dónde vivir, alimentación y educación, buscando su integración social, en un tiempo serán capaces para una vida productiva.
