Mucho antes de que Ariadna Montiel asumiera la dirigencia nacional de MORENA, su antecesora Luisa María Alcalde Luján ya enfrentaba un escenario muy complicado para transitar el proceso interno por el que se seleccionaría a las coordinaciones estatales de defensa de sabe qué tanto (ya sabe: el eufemismo para las prepreprepreprecandidaturas a las gubernaturas).
Desde entonces las pugnas por los espacios ya no sólo generaban fricciones con sus compañeros de fórmula del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sino también entre sus mismos cuadros de MORENA que respondían a intereses diferentes, como los aglutinados en torno a Adán Augusto López, Andy López Beltrán, Ricardo Monreal, gobernadores en funciones y exgobernadores, y hasta aquellos perfiles leales a la presidenta Claudia Sheinbaum.
El relevo en la dirigencia nacional del partido llegó en la escalda por la rebatinga de posiciones, lo que llevó a Montiel Reyes y particularmente a Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, a cambiar la estrategia para la selección de sus coordinaciones estatales, sobre todo ante el incremento de riesgos por los que las dichosas asambleas informativas podrían constituirse como actos anticipados de proselitismo, incluso si no se hacían llamados explícitos al voto.
Lo señalamos en este espacio el pasado 15 de julio. En Aguascalientes (y en otros estados) habían empezado con asambleas informativas con la participación de todas y todos los aspirantes que habían solicitado su registro en la convocatoria correspondiente para la selección de su coordinación estatal de sabe qué tanto.
Lo anterior, en teoría, generaría en el imaginario la pretendida igualdad de condiciones para todas y todos los aspirantes, y reduciría los riesgos de eventuales impugnaciones por presuntos actos anticipados. Y lo más importante: se haría cumplir lo establecido en la Base Octava de las convocatorias, respecto a las prohibiciones en este proceso interno de MORENA.
En Zacatecas hubo intentos aislados (aunque obligados) para fomentar dichas asambleas informativas en unidad, pero apenas se lograba la participación de no más de dos aspirantes, lo que en definitiva estaba lejos de enviar el pretendido mensaje de unidad, mucho menos la igualdad de condiciones.
El proceso interno, además, se avizora cansado luego de que en fechas recientes trascendiera que los calendarios de registros para las demás coordinaciones (municipales y distritales) se recorrerán, lo mismo que el tan ansiado anuncio sobre el listado definitivo de las solicitudes de registro para las coordinaciones estatales ya validadas. Es decir, las candidaturas a las gubernaturas de los 17 estados que renovarán el cargo en 2027.
Ese contexto no será ajeno para Zacatecas, donde este fin de semana por fin reunieron en asamblea informativa a todas y todos los aspirantes que solicitaron su registro por MORENA, excluyendo de la convocatoria únicamente a quienes contienden como parte de la coalición: la senadora Geovanna Bañuelos (PT) y el diputado federal Carlos Puente (PVEM).
Y sí: el mensaje reiterado fue el llamado a la unidad en torno a un proyecto y no en torno a una sola persona. Lo que no evita que a través de terceros se pretenda influir en este proceso interno.
Fue el caso de la diputada local Ruth Calderón Babún, quien además fue síndica en las últimas dos administraciones municipales de la Capital, incluyendo el trienio del actual diputado federal con licencia Ulises Mejía Haro, uno de las y los siete aspirantes que solicitaron su registro para la coordinación estatal de sabe qué tanto.
A través de sus redes sociales, la actual diputada local expresó los motivos por los que no atendió la invitación a la asamblea informativa con las y los aspirantes, al argumentar que entre dichos perfiles se encontraba quien en el pasado había incurrido en violencia política en razón de género en su contra, y haber asistido hubiera sido validar ese tipo de conductas al interior del partido.
Muchas críticas y ataques surgieron tras este videomensaje, que en parte tienen razón, pues hubo una resolución sancionatoria como consecuencia de esa violencia política en razón de género. Sin embargo, dicha resolución ya causó estado (hace mucho) y la persona acusada (también hace mucho) ya no se encuentra en el registro nacional de personas sancionadas que publica el Instituto Nacional Electoral (INE).
¿Que la convocatoria de MORENA le prohibía a la diputada local hacer dicho pronunciamiento? Eso es incorrecto, porque la Base Octava de la convocatoria establece específicamente qué autoridades tienen prohibido ese tipo de expresiones y Calderón Babún no se encuentra en ninguna de ellas.
En cambio, en este espacio nos resulta más relevante la participación del presidente del Consejo Político Estatal, Rubén Flores Márquez, en la asamblea informativa realizada este fin de semana con la presencia del actual secretario de Organización, Manuel Jesús Zavala Salazar, quien relevó en el cargo a Andy López Beltrán, que hoy busca una diputación federal en el estado de Tabasco.
Verá, estimado lector y lectora: mientras Flores Márquez sonreía en el presidium (en el que por alguna razón no figuró la dirigente estatal de MORENA, Roxana Muñoz), este mismo fin de semana la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de MORENA publicaba la notificación en estrados electrónicos sobre el Acuerdo de Prevención correspondiente al expediente CNHJ-ZAC-412/2026.
Dicho expediente es el relativo al procedimiento sancionador ordinario en contra de Jaime Castillo Castillo, iniciado a raíz de una queja presentada por el propio Rubén Flores Márquez vía electrónica el pasado 25 de junio, derivado de las agresiones del acusado en contra de una ciudadana zacatecana en medio de altercados con motivo del Mundial de Futbol 2026.
Pues bien, el Acuerdo de Prevención publicado este fin de semana en el portal de la CNHJ señala que, en el análisis de la queja presentada, se advierten dos omisiones, ya que no se anexó el documento necesario e idóneo para acreditar su militancia en MORENA; ni se indicó dirección de correo electrónico o domicilio del acusado.
Para susbanar estas omisiones el pleno de la CNHJ otorgaba al quejoso un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se haya realizado la notificación del Acuerdo de Prevención, un plazo que vencerá este miércoles 12 de agosto de 2026. Sin embargo, en caso de no cumplir con los puntos señalados, la queja será desechada de plano.
¿Fueron intencionales las omisiones (de sentido común) en las que incurrió Rubén Flores al presentar la queja por la que solicitaba la expulsión del partido de quien, siendo representante de los jóvenes de MORENA, participó en actos de violencia? Vaya usted a saber.
No obstante, tampoco se olvide que la CNHJ tiene pendiente la resolución sobre el caso de Rogelio González Álvarez «Chailito». Por lo que sabemos, el proyecto se encuentra listo desde mediados de julio, pues incluso el acusado no se presentó a su audiencia para presentar elementos en su defensa. Sólo falta subir el proyecto a la consideración del Pleno de la CNHJ para ser votado. Pero, pues, cada quién…
