Para garantizar que los recursos generados a partir de la extracción minera se traduzcan en bienestar para las comunidades, la senadora Geovanna Bañuelos propuso restituir este recurso extraordinario, propuesto en el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos como Fondo para el Bienestar y Desarrollo Incluyente de Comunidades Mineras
“Por séptimo año, desde Zacatecas, levantamos la voz por las más de 690 comunidades mineras de todo el país que merecen participar de manera más justa en la prosperidad que genera la riqueza minera”, mencionó la legisladora.
Al fundamentar la propuesta, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo explicó que el objetivo es devolver el sentido social y de justicia al Fondo Minero con un mecanismo que esté blindado y una redistribución más adecuada para el beneficio de las comunidades y pueblos con vocación minera.
“¿De qué sirve que nuestros municipios contribuyan a generar riqueza si muchas de ellas continúan enfrentando carencias en infraestructura, servicios públicos, salud, educación y desarrollo urbano?”, cuestionó la legisladora.
Geovanna Bañuelos resaltó que México es una nación minera. Y prueba de ello es que Zacatecas alberga una de las minas más emblemáticas del mundo: Fresnillo, cuya historia productiva se remonta a 1554 y cuyo liderazgo internacional refleja la enorme riqueza mineral de nuestro estado.
“Tan sólo entre 2014 y 2017, Zacatecas recibió aproximadamente 2 mil 295 millones de pesos. Esta riqueza debe traducirse en bienestar y justicia social para las comunidades que la hacen posible. No podemos permitir que las comunidades que sostienen una actividad económica estratégica sigan sin ver reflejados los beneficios del desarrollo que legítimamente les corresponden”, enfatizó la legisladora.
La líder petista explicó que su propuesta busca que el 85% de los ingresos obtenidos por los derechos mineros se destinen a beneficio y prosperidad de las familias, municipios, comunidades y estados con actividad minera; el 5 % a la Secretaría de Economía para fortalecer el sector minero, y el 10 % restante al Gobierno Federal para programas de infraestructura.
“Queremos que estos recursos se traduzcan en caminos, agua potable, drenaje, espacios públicos, infraestructura educativa y proyectos que mejoren las condiciones de vida de las familias”, apuntó la legisladora.
Asimismo, detalló que plantea la incorporación de mecanismos de participación y transparencia, mediante la creación de comités estatales que contarán con la participación de un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; un representante del gobierno de la entidad federativa; un representante por cada municipio o demarcación en donde se localicen las actividades mineras; en los casos en donde éstas se realicen en comunidades indígenas o agrarias, un representante de dichas comunidades.
Y tendrán la obligación de informar sobre los montos recibidos, las obras ejecutadas y las localidades beneficiadas.
“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo creemos que la transformación también significa corregir las desigualdades históricas entre quienes generan la riqueza y quienes reciben sus beneficios. Las comunidades mineras no piden privilegios. Exigen justicia, reconocimiento y oportunidades para construir un mejor futuro”, concluyó la senadora por Zacatecas.