Mientras Luis Medina Lizalde, uno de los llamados «históricos» fundadores de MORENA, apela a la sumisión ciega frente a las decisiones de su dirigencia nacional, sin objetar estas decisiones haiga sido como haiga sido, otros ejercen su derecho a disentir.
Este lunes Mariano Casas Valadez anunció su renuncia al cargo de la Secretaría General del Comité Estatal del partido, no sin antes acusar inconformidades y quejas por imposiciones y falta de transparencia en el proceso interno para la designación de coordinaciones de sabe qué tanto (las prepreprepreprecandidaturas).
Este anuncio lo hizo no sólo después de la visita, este fin de semana, de la dirigente nacional Ariadna Montiel Reyes, sino también un día después de cerrada la convocatoria para la designación de coordinaciones municipales. Y no es secreto que Mariano Casas ha buscado la eventual postulación para la candidatura a la presidencia municipal de Zacatecas.
He ahí una cuestión: la convocatoria emitida ya establecía entre sus bases que para participar había que renunciar a cargos en los gabinetes federal y locales (una condición que no aplicaría para cargos de representación popular), así como a espacios propios en la estructura partidista, una condición que aplicaba a Casas Valadez.
Al desempeñarse como secretario general, estaba sujeto a las reglas establecidas en la convocatoria; es decir, tenía que separarse de su cargo partidista para poder solicitar su registro en pos de la coordinación municipal de sabe qué tanto en la Capital.
El hecho de que hubiera más de una solicitud de registro para el municipio de Zacatecas, de inicio, daba la impresión de que todo se decidiría en encuesta, como ha alegado el partido como cuchillito de palo. El problema es que a estas alturas de su proceso interno, ya nadie cree en las dichosas encuestas de MORENA.
Por el contrario, el anuncio de la salida de Mariano Casas, un día después de cerrada la convocatoria, refuerza la hipótesis de que las coordinaciones (cualquiera de la que se trate) son cargos ya asignados desde antes de emitir las convocatorias, planchadas directo en las cúpulas, tal como dio a entender el senador Saúl Monreal cuando dijo que la dirigencia nacional le pidió contender por Fresnillo. Y no es una situación exclusiva del estado de Zacatecas.
Mariano Casas, ciertamente, ha sido cómplice de una secta que tanto daño ha hecho a Zacatecas; sin embargo, también es sabido que desde hace tiempo marcó su distancia en pos de aglutinarse con el grupo más identificado con el monrealismo (el de Ricardo, no el de David).
Y también desde hace tiempo se le vio muy afín al equipo de la diputada federal Julia Olguín, parte del mismo grupo y (no es secreto) férrea enemiga de quien hoy ocupa la coordinación estatal de sabe qué tanto, la senadora con licencia Verónica Díaz Robles.
Eso sí: venir a alegar que Mariano Casas encabeza las preferencias electorales rumbo a la elección de 2027, eso ya está muy jalado de los pelos, sobre todo cuando se presume una encuesta que huele a patito, con base en mil encuestas telefónicas realizadas cuando las únicas encuestas dizque válidas para la dirigencia nacional de MORENA son las realizadas cara a cara, en domicilio.
Lo de Mariano Casas, en última instancia, más bien deja ver que en MORENA todo se está resumiendo en la pelea por cargos y oficinas (Violeta Cerrillo dixit), sin derecho a disentir. Pero la sumisión ciega, sin autocrítica, es muy mala consejera. Y luego nos preguntamos por qué en Brazil la izquierda está bailando en un tacón…
Crisis de universidades, para pensar mal
La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) está en crisis. No importa cuándo lea esto. Y esa situación se mantendrá quién sabe por cuánto tiempo, mientras no haya condiciones para un rescate integral que también incluya sanciones para los errores cometidos en el pasado.
Y aunque suena igualito al discurso de la «nueva gobernanza» y del gobernador David Monreal que prometieron castigar la corrupción del pasado (haciéndose de la vista gorda con la corrupción del presente), sin que hasta el momento veamos claro sobre ese castigo, la situación de la Máxima Casa de Estudios merece ver otras perspectivas.
La actual crisis para cerrar apenas el ejercicio fiscal 2026 (no la crisis estructural que arrastra desde hace una década, por lo menos) alcanza unos 700 millones de pesos para garantizar el pago de salario y de prestaciones, en particular las que se han dejado de pagar a cerca de 550 docentes en el caso de la prima de antigüedad, por mencionar un ejemplo.
Pero decir que «disfruten lo votado», al elegir como rector a Ángel Román como sucesor de un rector espurio sentenciado por abuso sexual agravado contra una menor de edad, sería una salida muy fácil para un problema más complejo.
Porque la situación de Zacatecas se suma a la de otras instituciones de eduación superior públcias en el país que se han enfrentado a una limitación presupuestal en tiempos de la 4T, y en algunos casos (sobre todo los centros de investigación) a recortes de recursos que han conducido a un paulatino desmantelamiento.
Hoy, en medio de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027, rectores de universidades públicas estatales piden una ampliación presupuestal por 36 mil 800 millones de pesos que cubrirían un fondo de gratuidad y obligatoriedad de la educación superior; certeza en el pago de pensiones, además de la creación de un fondo solidario para el mantenimiento y mejora de la infraestructura y equipamiento.
Ya el gobernador David Monreal ha dicho que no habrá recurso extraordinario para lo que pide la UAZ, mucho menos cuando no hay visos de corrección en la fuga de recursos (que sigue, a pesar del relevo en la Rectoría) y mucho se resume en las palabras del gobernador: «no me digas que le meta más para que siga la fuga de dinero«. La única excepción sería la inversión en infraestructura porque, claro, es lo que deja en el sexenio de Hidalgo.
En tanto, el dirigente del Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ), Carlos Aréchiga, se aventuró a decir que si lo que se invierte en la Universidad Rosario Castellanos se hubiera canalizado a la UAZ, la Máxima Casa de Estudios no estaría en esa situación. Pero eso es falso e irresponsable, más cuando hay un emplazamiento a huelga en puerta.
Porque, al menos en infraestructura, lo que la «nueva gobernanza» invierte en dicha institución apenas alcanza los 116.8 millones de pesos, cuando hoy el déficit en la UAZ para cerrar este año ronda los 700 millones de pesos.
No obstante, tanto la situación de la Máxima Casa de Estudios como la de otras instituciones de educación superior del país bajo las mismas condiciones más bien genera nuevas preguntas: ¿y si la asfixia presupuestal a las universidades públicas va más encaminadas a la privatización de la educación superior?
Recordemos que, en el fondo, eso ha ido ocurriendo con el sistema público de salud: conforme se ha ido desmantelando, la población usuaria ha migrado a instituciones privadas para cubrir sus necesidades de salud, incluyendo el abasto de medicamentos.
Además, caben otras preguntas en esta asfixia presupuestal y quién se beneficia de esta situación: ¿cuál es la tasa de empleabilidad respecto al número de personas egresadas?, ¿hay mercado laboral para el nivel de educación superior?, ¿reducir la matrícula en universidades públicas (esas a las que tiene acceso la población de menores ingresos) no favorece más bien el crecimiento de la mano de obra barata para las empresas (principalmente extranjeras)?
Porque una cosa es cierta: la iniciativa privada demanda cada vez más mano de obra barata, y cada vez menos mano de obra calificada, especializada. Y esta asfixia presupuestal a las universidades públicas, lo mismo que en el sistema de salud público, hacen pensar mal sobre el actuar de la Federación. Pero, pues, cada quién…
