La cloaca de Morena sigue emanando por todos lados. Ahora es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) el que está bajo señalamientos por presuntas irregularidades en el manejo de los ahorros de millones de trabajadores mexicanos.
Después de los cuestionamientos al INE de Guadalupe Taddei, surgen nuevas denuncias que exigen explicaciones y responsabilidades.
En el Partido Acción Nacional advertimos que la reforma a la Ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo, aprobada en febrero de 2025 por Morena y sus aliados, abría la puerta para disponer de los recursos de vivienda de las y los trabajadores sin suficientes contrapesos.
Hoy, las denuncias de la senadora zacatecana Claudia Anaya sobre el destino de esos ahorros confirman la necesidad de investigar a fondo.
Mi paisana reveló que de los aproximadamente 1.2 billones de pesos acumulados en las subcuentas de vivienda, el Instituto ha comprometido más de 150 mil millones para su esquema de construcción, de los cuales más de 60 mil millones ya fueron erogados.
También denunció adjudicaciones directas a empresas sin experiencia acreditada y presuntos vínculos de algunas con el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza. ¡Vaya novedad!
¿Quién autorizó esos contratos? ¿Por qué se asignaron sin competencia ni transparencia? ¿Quién garantiza que las viviendas cumplan con condiciones dignas y que los ahorros de los trabajadores estén seguros? Son preguntas que exigen respuesta inmediata.
También deben aclararse las diferencias entre las cifras de viviendas reportadas como contratadas, colocadas y efectivamente entregadas, así como la situación financiera del Instituto, cuya cartera vencida alcanzó el 27% en agosto pasado, según datos de su propio director.
Esto lo advertimos desde la tribuna, junto con las bancadas panistas en ambas cámaras. No se puede administrar el patrimonio de los trabajadores como si fuera propiedad del gobierno.
Por eso, exijo que Octavio Romero Oropeza comparezca ante la Cámara de Diputados y explique el destino de los recursos, los criterios de contratación y las garantías para proteger y recuperar los ahorros de los derechohabientes.
Basta de opacidad, encubrimiento e impunidad. ¡El dinero de las y los trabajadores se respeta!

