Para garantizar el interés superior de la niñez y el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes, la senadora Geovanna Bañuelos urgió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, así como las políticas públicas y estrategias orientadas a prevenir y erradicar el trabajo infantil
Priorizando aquellas entidades federativas y sectores económicos que registran una mayor incidencia de ocupación infantil no permitida.
Mediante un punto de acuerdo la representante por Zacatecas también solicitó a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia fortalecer las estrategias de prevención del abandono escolar, permanencia educativa y atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, con especial atención a quienes se encuentran en condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad social.
La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo subrayó que el trabajo infantil representa una de las expresiones más profundas de la desigualdad social. Detrás de cada niña o niño que trabaja, existen circunstancias que requieren atención: familias que enfrentan dificultades económicas, comunidades con oportunidades limitadas, barreras para acceder a la educación y condiciones de vulnerabilidad que pueden transmitirse de una generación a otra.
“Una niña que abandona sus estudios para trabajar, un niño que realiza actividades peligrosas o un adolescente que enfrenta jornadas incompatibles con su formación educativa, ven limitadas sus posibilidades de construir una vida con mayores oportunidades”, señaló la legisladora.
Geovanna Bañuelos informó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2025, en México aproximadamente 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil, de los cuales alrededor de 1.8 millones realizan ocupaciones no permitidas.
La ocupación infantil no permitida comprende actividades laborales que, por la edad de quienes las realizan o por las condiciones en las que se desarrollan, contravienen las disposiciones legales destinadas a proteger a las personas menores de edad.
“Es particularmente preocupante la participación de menores de edad en actividades agrícolas, comerciales, de construcción y otros sectores productivos donde pueden enfrentar jornadas prolongadas, exposición a sustancias peligrosas, cargas físicas excesivas y condiciones que no corresponden a su edad ni a su etapa de desarrollo”.
En este contexto nacional, Geovanna Bañuelos llamó la atención en la situación que enfrenta Zacatecas, debido a que los indicadores de ocupación infantil no permitida muestran una incidencia superior al promedio registrado en el país.
Zacatecas presenta una tasa de ocupación infantil no permitida de 8.3%, mientras que el promedio nacional se ubica en 6.6%.es decir, la entidad supera en 1.7 puntos porcentuales la media nacional.
“Estas cifras adquieren especial relevancia al considerar las condiciones económicas y sociales que enfrentan numerosas familias, particularmente en comunidades rurales, localidades con mayores niveles de marginación y regiones donde las oportunidades de empleo formal y acceso a servicios educativos pueden ser limitadas”, mencionó.
En este sentido, dijo, la situación de Zacatecas refleja un desafío que comparten distintas regiones del territorio nacional. Las diferencias en las tasas de ocupación infantil no permitida, hacen evidente que las políticas públicas deben considerar las características económicas, sociales y territoriales de cada entidad federativa, sin perder de vista que la protección de la infancia constituye una responsabilidad de alcance nacional.
“Ante esta situación, resulta fundamental reconocer el papel de la educación como una de las principales herramientas para prevenir y romper los ciclos de pobreza y exclusión que favorecen el trabajo infantil”, resaltó la legisladora.
Y aseveró que la permanencia escolar garantiza que niñas, niños y adolescentes tengan oportunidades para desarrollar conocimientos, habilidades y capacidades que les permitan acceder a mejores condiciones de vida.
Por esta razón, dijo, es indispensable fortalecer la coordinación entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Educación Pública, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como con las autoridades competentes de las 32 entidades federativas.
“La participación conjunta de estas instituciones permitirá impulsar acciones de inspección y vigilancia, estrategias de permanencia educativa, mecanismos de atención integral y políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar el trabajo infantil, especialmente en las regiones y sectores económicos donde se registra una mayor incidencia de ocupación no permitida”, concluyó Geovanna Bañuelos.