Las niñas, niños y adolescentes en situación de calle representan uno de los grupos más vulnerables en el país y en el mundo, ya que se violan los derechos humanos. Este grupo está expuesto a la violencia, inseguridad, explotación, abuso sexual, entre otros.
Cada día se incrementa el número de niñas, niños y adolescentes en las calles, limpiando parabrisas, tragafuegos, haciendo piruetas, sin alguna alternativa, una realidad que lastima. Muchos padecen discriminación por pertenecer a grupos indígenas. Esta situación se ha normalizado al grado que muchas personas los ven con indiferencia.
En la Constitución se establecen los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes, así como en tratados internacionales, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en 2014. Además, en Zacatecas se cuenta con el Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 2017-2021, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 6 de diciembre de 2017.
México forma parte desde 1990 de la Convención de los Derechos del Niño, que en su Artículo 32 establece que los Estados que signan este convenio reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o que pueda entorpecer la educación, que sea nocivo para la salud y para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social de niñas, niños y adolescentes.
Aunque ha habido avances significativos, ya que existe la política social en torno a la niñez y se cuenta con instituciones como la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, responsables de coordinar las acciones para su protección, estas no son suficientes debido a que no se atacan las causas del problema, además de que no solamente requieren protección, sino que se les restituyan sus derechos.
Estos menores se enfrentan a muchas problemáticas, como las ya mencionadas, así como a la explotación de otros, uso de sustancias tóxicas, violencia, desnutrición y en la actualidad están más expuestos al contagio de la COVID-19.
El consumo de drogas en este grupo en situación de calle representa un alto riesgo para la salud, además de relacionarse con actos delictivos y de violencia, por lo cual requiere mayor atención en cuanto a la prevención, tratamiento y rehabilitación. Pero si continúan en la calle porque no hay un albergue para ellos ¿cómo se pueden rehabilitar?
Los motivos por los que este grupo se encuentra en situación de calle son diversos, algunos no tienen un vínculo familiar, ya sea porque fueron abandonados por sus padres, otros por ser huérfanos y no contar con familiares, otros más que aunque forman parte de una familia, tienen que salir a la calle a trabajar para contribuir al sustento familiar.
En estas circunstancias, los derechos que tienen todos los niños y adolescentes de recibir educación básica, acceso a los servicios de salud y alimentación, no se están haciendo efectivos.
Los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 indican que en México residen 31.8 millones de niñas y niños de 0 a 14 años de edad, que representan el 25.3% de la población total; el Censo contiene algunas características como: igualdad y no discriminación, salud y mortalidad, matrimonio infantil, trabajo infantil, esparcimiento y juego.
Por otra parte, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019 refiere que existen 3.3 millones (11.5%) de menores de 5 a 17 años realizando alguna actividad económica, de los cuales 2 millones (7.1%) lo hacía en ocupaciones no permitidas. En Zacatecas, el 12.4% de la población de 5 a 17 años se ocupaba trabajando y en ocupaciones no permitidas el 7.9 por ciento.
Como podemos observar, las niñas, niños y adolescentes en situación de calle no se están midiendo. Y, como dijo el físico y matemático británico William Thomson Kelvin: “Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora, se degrada siempre”.
No es una tarea fácil, porque muchos carecen de un lugar donde dormir, por lo que se dificulta ubicarlos, pero no existe un programa específico para atenderlos. Es necesario implementar medidas efectivas tendientes a garantizar su integridad física, mental y afectiva.
El INEGI deberá enfrentar el reto de asegurar que se les asigne presupuesto para la elaboración y realización de una encuesta de niñas, niños y adolescentes en situación de calle que arroje indicadores específicos para tener un diagnóstico real que permita generar políticas públicas para este grupo de población.
No debemos ser indiferentes a la situación de estos menores, cuando veamos a un menor en un entorno de peligro, es deber de toda persona informar a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, dependiente del Sistema Estatal DIF, donde deberán buscar la solución más adecuada.
No he escuchado alguna propuesta de las candidatas y candidatos a la gubernatura que contemple dar solución de manera integral a este grupo de niñas, niños y adolescentes en estas circunstancias. Hablan de grupos vulnerables en general o de inclusión, ya es hora de que se visibilice esta problemática y se atienda.
Excelente!
Muy buena reflexión y análisis. Hoy vivimos tiempos de inseguridad, consecuencia, entre otras cosas, de la injusticia social y abandono a jóvenes que no les queda otro camino más que sumarse a las filas de la delincuencia.