La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países. Debilita las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, corrompe la ley y crea obstáculos burocráticos, con la única razón de solicitar sobornos. También paraliza el desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los «gastos» requeridos por la corrupción.
Desde el año 2003 se celebra el “Día Internacional contra la Corrupción”, una efeméride creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de frenar y eliminar en todos los países miembros los actos de corrupción por parte de aquellos hombres y mujeres que se aprovechan de un cargo de poder para enriquecerse a costa de los demás.
La Campaña para el Día Internacional contra la Corrupción 2025 se centra en el papel que desempeña la juventud como defensora de la integridad, sensibilizando sobre la corrupción y sus repercusiones en sus comunidades.
Combatir la corrupción es una prioridad para muchos ciudadanos, sin embargo, la atención gubernamental ha sido menor, como consecuencia ha derivado en un claro retroceso en los organismos encargados de combatir la corrupción. A continuación, veremos algunos índices sobre la corrupción y la impunidad para tener un panorama de este delito.
Percepción de la Corrupción
El Índice de Percepción de la Corrupción 2024, publicado por Transparencia Internacional, mide los niveles de corrupción en el sector público en 180 países del mundo, donde en una escala del cero al cien, la puntuación de cero es la peor evaluación.
México obtuvo una calificación de 26 puntos (de los más corruptos) y ocupó la posición 140, lo que significa que perdió 14 posiciones, ya que en el año 2023 ocupaba el lugar 126. El reporte destaca que, a nivel global, los puntajes más altos del IPC corresponden a Dinamarca (90/100), Finlandia (88/100) y Singapur (84/100).
En el otro extremo se encuentran Sudán del Sur (8/100), Somalia (9/100) y Venezuela (10/100) como los países peor calificados. Entre las economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se ubica en el último lugar del grupo (el lugar 38 de 38 economías evaluadas).
El informe subraya que México empeoró en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 debido a la incertidumbre sobre el alcance y la implementación de las reformas en materia de transparencia, anticorrupción y al Poder Judicial.
También señala: «la impunidad en casos como Odebrecht, Pemex Agronitrogenados (la red encabezada por Lozoya), la Estafa Maestra y casos de corrupción de gran calado como los agrupados bajo el nombre de ‘Segalmex’, la extinta agencia federal a cargo de la seguridad agroalimentaria. En el caso de Segalmex hay cuando menos 26 personas vinculadas a proceso penal, pero no han sido encontradas como responsables por un juez. Las sentencias están aún pendientes».
Asimismo, «por los bajos niveles de sanción en materia de responsabilidades administrativas identificadas por los órganos de fiscalización superior; el creciente número de casos de corrupción a nivel estatal que involucran al crimen organizado y empresas identificadas como “fantasma” o controladas por el crimen organizado siguen siendo contratadas por los gobiernos».
Los resultados del Índice Global de Impunidad IGI 2024, Midiendo el Alcance de la Impunidad Global, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), advierten que la impunidad en México tiende a ser extremadamente alta; que afecta el diseño y funcionamiento, por igual, de los sistemas de justicia, seguridad y derechos humanos.
La escala de medición del estudio se compone de una escala que inicia del CERO como inexistencia de impunidad, hasta el CIEN como valor que refleja el máximo nivel posible de impunidad que puede alcanzar cada país.
En los resultados México se ubica en la posición 80, está entre los 15 países con peores resultados y destaca por niveles muy altos de impunidad; el informe señala que «se ha demostrado que la impunidad en México es resultado de distintos factores políticos, institucionales y sociales».
El estudio menciona que «para reducir los muy altos niveles de impunidad que caracterizan al caso mexicano, se requiere diseñar estrategias de seguridad, justicia y derechos humanos policéntricas y el desarrollo de capacidades institucionales multinivel. El desarrollo de capacidades institucionales suficientes y más efectivas a nivel estatal debe considerarse como una prioridad nacional para garantizar esquemas de coordinación que se traduzcan en mejor desempeño de las políticas públicas».
El informe El Combate a la Corrupción 2025, Seis Experiencias de nuestra América, publicado por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción: de la Universidad de Guadalajara, expone, entre otras cosas, que el Sistema Nacional Anticorrupción, durante el período 2020-2024, generó resultados ante un contexto de omisiones, tolerancia y desinterés en el cumplimiento de la Ley General que le dio origen y fundamento.
Sin duda, la aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF)el 4 de marzo de 2024 del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional Anticorrupción, se presentó como el resultado más relevante del SNA en este periodo, al representar el final de una larga e intensa planeación, deliberación y diseño del mecanismo de evaluación y el inicio formal de su implementación.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) busca fortalecer el Estado de Derecho y la rendición de cuentas en el país, realizando estudios de investigación y revelando casos de desvío de recursos para llevar casos a tribunales, impulsa la transparencia, la fiscalización y la digitalización de trámites.
La Encuesta Nacional sobre Corrupción e Impunidad elaborada por mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (Encuesta MCCI) 2019-2024 publicada el 20 de agosto de 2024, nos muestra que, en materia de percepción y corrupción durante el sexenio anterior, 8 de cada 10 de los encuestados consideró que en México se llevan a cabo actos de corrupción siempre o casi siempre. El 55% considera que la corrupción aumentó el último año (2024), el nivel más alto de percepción en el sexenio.
El Índice de Riesgos de Corrupción, Compras Públicas Federales 2024, desarrollado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se basa en los datos disponibles en Compranet. El presupuesto que concentran, las compras públicas son un área particularmente vulnerable a la corrupción.
Los resultados permiten afirmar que en las compras públicas a nivel federal se mantienen malas prácticas como la falta de competencia, las fallas en la justificación de procedimientos de excepción, el incumplimiento en los tiempos de los concursos y la contratación con proveedores riesgosos. Las instituciones con mayor nivel de riesgo fueron: Patronato de Obras e Instalaciones del IPN, le sigue Seguros del Crédito a la Vivienda SHF y Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México.
Cómplices de la Corrupción e Impunidad
El país ha experimentado retrocesos en el combate a la corrupción e impunidad, sobre todo desde que asumió el poder MORENA, el entonces titular del Ejecutivo interfirió en asuntos legislativos y judiciales, canceló fideicomisos, redujo el presupuesto a sectores prioritarios como la salud y educación y reasignó los recursos a sus obras “magnas” y a proyectos de “bienestar social”.
Algunos organismos autónomos los transformó, reformó, otros los desapareció y en algunos casos reasignó las tareas de unos a otras dependencias, como parte de una “supuesta política de austeridad republicana” y con el argumento de eliminar la corrupción. Aunque en realidad lo que hizo fue centralizar funciones y recursos para controlar y terminó creciendo la corrupción.
Entre algunos de estos organismos tenemos: el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), eliminó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y creó el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcti).
De igual forma, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Seguro Popular; el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
La Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo, S.A. de C.V. (DICONSA) y Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V. (LICONSA) se fusionaron con Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) donde ocurrió un desfalco millonario durante la administración de Ignacio Ovalle, que involucraba compras simuladas, así como contratos con empresas fachada, pero no pasó nada, solamente lo relevaron en el cargo.
Extinguió la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), que otorgaba créditos a los productores del campo y eliminó varios programas para el campo y con el aumento de las extorsiones a los agricultores, representa un grave riesgo para los productores e incremento en el costo de los productos.
Ahora, dejó de haber equilibrio entre los poderes, se ha perdido la democracia y el estado de derecho, el partido en el poder es juez y parte, dejó de haber transparencia, las evaluaciones a los programas ya no son confiables, los titulares son aliados. Hay más corrupción e impunidad, pero si los corruptos son de MORENA no pasa nada.
En la actualidad nos enfrentamos a múltiples desafíos, tragedias, desigualdades e injusticias, y muchas de ellas están vinculadas a la corrupción. Por lo tanto, la lucha contra la corrupción es esencial para un futuro justo y seguro.
