No ha sido gratuita la insistencia de Julieta del Río, excomisionada del extinto Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), sobre la incertidumbre generada con la extinción de los órganos garantes en los estados, pues los derechos de acceso a la información y protección de datos personales han quedado en el limbo en el último año. Y eso, claro que ha fomentado (y agudizado) la opacidad de los sujetos obligados.
Apenas en enero de este año, Del Río Venegas recordaba que en el caso de Zacatecas, por mayoría legislativa se extinguió el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) en junio de 2025. Y ya transcurrieron más de seis meses sin que se cuente con un órgano desconcentrado (como marca el decreto correspondiente) que asuma formalmente sus funciones.
De hecho, este 5 de febrero se cumplen exactamente tres meses de que venció el plazo para que el gobernador David Monreal designara a la persona titular de lo que se llamaría Transparencia para el Pueblo de Zacatecas.
Y el próximo 27 de febrero se cumplirán también tres meses de vencido el plazo para crear formalmente dicho órgano desconcentrado, y dar por fin certidumbre a la plantilla laboral que tenía el extinto IZAI, además de concluir con el proceso de entrega recepción, que implicaba transferencia de personal y recursos materiales, pues dicho proceso quedó en el limbo de un vacío institucional.
La exigencia en el cumplimiento de estas disposiciones legales no es mero capricho. Los actos de omisión en los que ha incurrido la «nueva gobernanza» han motivado el incumplimiento en materia de transparencia (y hasta en la protección de datos personales) de los sujetos obligados, y las faltas han sido más recurrentes y más graves conforme pasa el tiempo, como hemos advertido varias veces desde este espacio.
En agosto de 2025, cuando era reciente la extinción del IZAI, señalábamos ya los primeros visos de opacidad motivados por la reforma aprobada por la 65 Legislatura, pues tan sólo en lo relativo a su información financiera, únicamente 12 municipios habían cumplido con la publicación de sus informes correspondientes al segundo trimestre de 2025; los 46 restantes incumplieron.
En noviembre del mismo año, en este espacio realizamos un nuevo ejercicio de evaluación (tal como lo realizaba el extinto IZAI) sobre el cumplimiento en la publicación de la información financiera de los municipios. ¿La sorpresa? Sólo 14 municipios habrían cumplido con esta obligación que sí se mantiene en la nueva Ley de Transparencia; no obstante, 44 municipios habrían optado por la opacidad al no publicar dicha información.
Pues bien, iniciando el «Año del Progreso», sin titular de Transparencia para el Pueblo, y sin órgano garante formalente instalado, esta opacidad de los municipios se ha agudizado, a tal grado que en la información financiera correspondiente al último trimestre de 2025 apenas cumplieron ocho municipios; los 50 municipios restantes incumplieron con dicha disposición, y no existe autoridad jurisdiccional a la que una persona solicitante de información pueda recurrir para que se cumpla con la normatividad en materia de transparencia.
En el caso de los que sí cumplieron al 100% con esta disposición, se trata de los municipios de Atolinga, Fresnillo, Genaro Codina, Pánfilo Natera, Jerez, Juchipila, Nochistlán y Río Grande. A estos sujetos obligados habría que ponerles una estrellita por cumplir con la Ley de Transparencia, incluso sin haber órgano garante en el estado.
Y aunque Villa González Ortega publicó información parcial (balanza de comprobación de pagos, estado analítico del ingreso, gasto por categoría programática), la única calificación aprobatoria para el extinto IZAI era el 100% de la carga de información, así que se sumaría a los 49 municipios que incumplieron: Apozol, Apulco, Calera, Cañitas, Chalchihuites, Concepción del Oro, Cuauhtémoc, El Plateado de Joaquín Amaro, El Salvador, Florencia de Benito Juárez, Gral. Enrique Estrada, Gral. Francisco R. Murguía, Guadalupe, Huanusco, Jalpa, Jiménez del Teul, Juan Aldama, Loreto, Luis Moya, Mazapil, Melchor Ocampo, Mezquital del Oro, Miguel Auza, Momax, Monte Escobedo, Morelos, Moyahua, Noria de Ángeles, Ojocaliente, Pánuco, Pinos, Saín Alto, Santa María de la Paz, Sombrerete, Susticacán, Tabasco, Tepechitlán, Tepetongo, Teúl de González Ortega, Tlaltenango, Trancoso, Trinidad García de la Cadena, Valparaíso, Vetagrande, Villa de Cos, Villa García, Villa Hidalgo, Villanueva y Zacatecas.
De los municipios que incumplieron con la publicación de sus informes financieros, Apozol, Joaquín Amaro, Guadalupe y Trinidad García de la Cadena publicaron un «aviso» para informar que se encontraban en proceso de captura de la información y que, en cuanto concluyera el proceso, se cargarían los documentos a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
No obstante, en el caso de Guadalupe, por enésima ocasión publicó el mismo «aviso» para excusarse de su opacidad característica en sus informes financieros del cuatro trimestre de cada año:
«De acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas en su artículo 7, dice como se conforman las cuentas públicas, siendo un elemento de éstas los estados financieros, y con base en el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en virtud a que no se ha terminado la captura de la información del período 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025, no se ha llenado el formato para evitar plasmar información incorrecta y poder subsanar al llenar en su totalidad el formato al cierre de la captura completa en el sistema de contabilidad gubernamental del período mencionado, por lo que los campos: Hipervínculo al documento financiero contable, presupuestal y programático, Hipervínculo al sitio de Internet (avance programático): SHCP/Secretarías de finanzas/análogas, permanecen vacíos hasta el término de la captura para la subsanar (sic)«.
Sobra decir que, incluso al presentar su Cuenta Pública al Poder Legislativo, el municipio de Guadalupe ha incumplido con publicar en la PNT sus informes financieros del cuatro trimestre de cada año.
¿Por qué es particularmente importante el cumplimiento de esta disposición de la Ley de Transparencia? Porque en dichos informes la ciudadanía puede consultar el cierre de cada ejercicio fiscal y si el sujeto obligado tuvo subejercicios (como los que tuvo la «nueva gobernanza», como informamos en este espacio el pasado martes).
Si esto pasa únicamente con la obligación correspondiente a los informes financieros (y eso que hay otra normatividad federal, en materia fiscal y de contabilidad que les obliga a ello), ¿hay esperanzas en que los municipios (y hasta el estado) cumplan con transparentar otras obligaciones como los contratos de obras, bienes y servicios, servidores públicos sancionados, padrones de beneficiarios de programas (más cuando se avecina un proceso electoral), contrataciones por honorarios o hasta el 100% de la nómina de sus trabajadores, con todo y los detalles de sus ingresos?
A todo ello habrá que agregar la preocupación por la desaparición de unidades de transparencia (total, si no hay órgano garante, ¿para qué seguir pagando por una unidad inoperante?), o los procesos de solicitudes de información sin respuesta, o que requieren de una revisión de la autoridad jurisdiccional. ¿Es el secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, corresponsable en esta opacidad institucionalizada?, ¿hasta qué punto ha abonado a estas omisiones en el cumplimiento de un decreto?
Por eso mucha razón tiene la excomisionada Julieta del Río cuando afirma que «el problema no es sólo la desaparición de los institutos, sino la ausencia de una transición ordenada, con reglas claras, autonomía técnica y responsabilidad institucional. Mientras eso no ocurra, los derechos seguirán en pausa«. Pero, pues, cada quién con sus omisiones…
