Hace tres años, en sesión del 21 de abril de 2023, el Pleno de la 64 Legislatura aprobó con 28 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen por el que se autorizaba la solicitud de procedencia para retirar la inmunidad procesal al entonces alcalde de Guadalupe y que así la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) pudiera cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Julio «N» por su presunta participación en el delito de homicidio del abogado Raúl Calderón Samaniego.
En dicha votación no participaron los entonces diputados Armando Juárez (MORENA) y Martha Elena Rodríguez (Nueva Alianza), quienes se ausentaron de la sesión de mayor audiencia en la historia del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.
Pero llegar a un dictamen fue un proceso bastante accidentado en la Comisión Jurisdiccional, especialmente por una secta que tanto daño ha hecho a Zacatecas y que, así parecía entonces, tenía especial interés en tumbar el proceso en favor de la persona imputada que hoy sigue prófuga de la justicia.
Las consecuencias de lo ocurrido durante el proceso de dictaminación aún no se conocen, pero dan elementos a la defensa del imputado para echar por tierra cualquier intento de llevarle ante la justicia, si es que existen tales intentos.
Porque a tres años del ominoso desafuero, y con un nuevo titular en la FGJEZ (en aquel entonces la encabezaba Francisco Murillo Ruiseco; hoy la dirige Christian Paul Camacho Osnaya), no hay resultados tangibles ni creíbles, mucho menos cuando se dijo que se buscaría la colaboración de la Interpol y en su plataforma no existen registros de búsqueda sobre la persona imputada ni su cómplice, María de Jesús «N».
De hecho, esta última ni siquiera gozaba de fuero, pero la FGJEZ le concedió hasta siete días de gracia para evadirse de la justicia mientras esperaban la resolución de la Comisión Jurisdiccional y, luego, del Pleno de la 64 Legislatura.
Paradójicamente, de entonces a la fecha, el Poder Legislativo de Zacatecas autorizó una segunda solicitud de la FGJEZ para retirar la inmunidad procesal a un servidor público: Mauro Yuriel «N», exalcalde de Apulco. El proceso recayó en la actual 65 Legislatura, pero también en el actual titular de la Fiscalía, y en este caso sí se logró un resultado positivo en el corto plazo.
Lo anterior hace sospechar que, en los hechos, las omisiones de la FGJEZ equivaldrían al «no ejercicio de la acción penal«, una justificación que ha sido reiterada ante denuncias recibidas por diversos delitos y en las que simplemente se deja de investigar, luego de hacer como que hacen.
El caso de Julio «N» y María de Jesús «N» son ejemplo de impunidad para los de casa, y el interés político detrás no aminora las sospechas. Recuérdese que, antes de ser designado como alcalde (luego del desafuero), José Saldívar enfrentó resistencias de una secta que tanto daño ha hecho a Zacatecas y que pretendía llevar esta designación al Pleno de la 64 Legisaltura para así dejar el espacio a la entonces diputada local Violeta Cerrillo, hoy directora de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas.
De hecho, Cerrillo Ortiz fue pieza clave durante el proceso de dictaminación en la Comisión Jurisdiccional, con visos de entorpecer el proceso en complicidad con el abogado defensor Darío Gamón, quien pretendía participar en la elección judicial de 2025 y no llegó a la boleta.
A diferencia de aquel polémico proceso de desafuero de quien parecía aspirante natural a una eventual candidatura a la gubernatura en 2027, no tuvo el mismo impacto ni audiencia el caso del exalcalde de Apulco, cuyo desafuero fue aprobado por la 65 Legislatura sin mayores reflectores y con consecuencias en el corto plazo.
¿Por qué la FGJEZ sí actuó de manera pronta y expedita en este segundo caso (no hay que olvidar que el acusado pertenecía a otra fuerza política), pero no da indicios de investigación en el primero?, ¿hay complicidad y/o protección del estado que faciliten la impunidad?, ¿o hemos de creer que, efectivamente, no hay elementos para seguir investigando (otra forma de declarar el «no ejercicio de la acción penal«)?
A tres años del desafuero de Julio «N», Zacatecas sigue enviando el mensaje de que la ley sólo aplica en los bueyes del compadre, pero no en los de casa. Y este solo elemento ayudaría a entender por qué la población sigue desconfiando de sus autoridades, más tratándose de seguridad y justicia, pese a la baja en homicidios dolosos y otros delitos del fuero común. Pero, pues, cada quién…
