El pasado 15 de abril se informó de la designación de Miguel Ángel Ovalle Flores como titular de Transparencia para el Pueblo de Zacatecas, nuevo órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que a partir de ahora velará por el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
El nombramiento llega cinco meses y 10 días después de vencido el plazo para realizar la designación, de acuerdo con los artículos transitorios de la nueva legislación aprobada en junio de 2025 por la 65 Legislatura de Zacatecas, y el próximo 27 de abril se cumplirán cinco meses de vencido el plazo para la publicación del decreto correspondiente a la creación formal del nuevo órgano garante.
La transición a dizque un nuevo esquema de transparencia ha sido, por decir lo menos, larga y tediosa, con visos incluso de fomentar la opacidad, como en tantas ocasiones demostramos en este espacio al analizar únicamente la obligación de transparencia de los sujetos obligados correspondiente a sus informes financieros trimestres del último año.
Pero hagamos un poco de memoria. Como se recordará, hacia finales de 2024, y luego de múltiples foros de consulta, el Congreso de la Unión aprobó la extinción del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), una reforma que obligaba a los congresos de los estados a armonizar su legislación local para hacer lo propio con sus órganos garantes locales.
Hacia enero de 2025, el diputado Jesús Padilla presentó ante el Pleno de la 65 Legislatura la iniciativa correspondiente por la que se declaraba la extinción del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), iniciativa que fue dictaminada, discutida y aprobada en mayo de ese año.
Lo anterior dio paso, en el mes de junio, a la discusión y votación de los dictámenes correspondientes a las reformas a leyes secundarias (básicamente, la expedición de nuevas leyes de transparencia y de protección de datos personales) en las que se integraban iniciativas presentadas por los diputados Santos González y Marco Vinicio Flores.
A partir de la aprobación de estos últimos dictámenes comenzaron a correr los plazos legales para la designación de la persona titular del nuevo organismo, Transparencia para el Pueblo de Zacatecas, y para la creación formal del órgano garante desconcentrado de la SFP.
Desde entonces y hasta la fecha de la designación de Miguel Ángel Ovalle como titular del nuevo organismo no ha habido mucha transparencia en la extinción del que fuera el órgano garante de la transparencia (qué paradojas). Recuérdese que incluso el 5 de marzo de este año la 65 Legislatura aprobó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhortaba a realizar la designación a la brevedad.
Hacia octubre de 2025, en el Suplemento del Periódico Oficial, se publicó el decreto que fija las bases para la liquidación del IZAI. En el documento se establecía un plazo de tres meses para concluir este proceso, es decir, un plazo que vencía el pasado 23 de enero.
Sin embargo, para el 26 de noviembre, nuevamente en el Periódico Oficial, se publicaron otras bases para la liquidación del IZAI, que básicamente consistían en la publicación de información financiera y contable del organismo.
Un documento similar se publicó el 23 de diciembre del mismo año, lo mismo que el 17 de enero de este 2026, ya con información sobre la conciliación entre los ingresos presupuestarios y los gastos contables. Y para el 28 de marzo, también en el Periódico Oficial, se publicaron los estados financieros correspondientes al periodo del 1 de enero al 28 de febrero como parte del proceso de liquidación del IZAI.
Es decir, más de cinco meses ha tomado a la «nueva gobernanza» la extinción del organismo, incluso ya vencidos los plazos legales, lo que sin duda representa un mal arranque para Transparencia para el Pueblo de Zacatecas, no sólo porque falta el decreto correspondiente a la creación formal del nuevo órgano garante y su reglamentación, sino porque se inclumple artículos transitorios que velaban por la seguridad laboral de la plantilla que integraba el IZAI en este proceso de extinción.
Hablamos de unos 40 extrabajadores y extrabajadoras especializados del IZAI (que a estas alturas ya no sabemos si está extinto o todavía les falta para el epitafio), de quienes no hay certeza de que vayan a ser integrados al nuevo órgano garante.
Para Miguel Ángel Ovalle, a quien le ha caracterizado su profesionalismo en su trayectoria, el reto en materia de transparencia y protección de datos personales no será cosa menor, no cuando está en puerta lo que debería ser su primera evaluación de cumplimiento de obligaciones correspondiente al primer trimestre de este 2026.
Ya en febrero de este año, en este espacio dimos a conocer el deterioro de la transparencia en Zacatecas ante el incremento en el incumplimiento de estas disposiciones por parte de los sujetos obligados, una falta que no se ha restringido únicamente a los municipios, sino también a la administración central y organismos públicos descentralizados, como advertimos con la investigación relativa a los «millonarios estímulos por única ocasión«.
Además, no hay que olvidar el rezago en la atención de solicitudes de información y recursos de revisión que han quedado en el limbo con la suspensión de plazos durante el proceso de extinción del IZAI y la creación de Transparencia para el Pueblo de Zacatecas. ¿Hasta dónde la abulia de la «nueva gobernanza» impactó en el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales?
Y por último, ¿este retraso en qué medida fomentó un año sin acciones para la difusión de estos derechos (acceso a la información y protección de datos personales) consagrados en la Constitución?
Por lo pronto, mucha suerte a Miguel Ángel Ovalle en su nueva encomienda. La va a necesitar.
