«Si se cometió un error, fue caer en su provocación«. Esas fueron las palabras del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, al referirse a los hechos violentos ocurridos el pasado fin de semana durante la protesta de productores de frijol en las inmediaciones del Multiforo.
No se refería a las demandas legítimas de quienes quedaron relegados del programa federal de Precios de Garantía, sino a actores políticos que han pretendido lucrar (y siguen lucrando) con estas demandas.
Lo anterior de ninguna manera justifica el abuso de la fuerza policial con la que se detuvo de manera abritraria a 12 personas y que en el fondo deja una seria advertencia: hoy ya no sólo se criminaliza a quien protesta, sino también a quien apoya la protesta.
No es gratuito que la actual administración vaya a pasar a la historia no como la que redujo la incidencia de homicidios dolosos luego de una terrible escalada. Pasará a la historia como la administración que más protestas ha acumulado en su contra: de docentes, de personal de salud, de jubilados y pensionados del Issstezac, de madres buscadoras, de colectivos feministas y ahora, hasta de productores.
Porque la megamarcha de este lunes que concluyó en la Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno, reunió a miles de ciudadanos condenando la represión de la protesta del pasado fin de semana y en respaldo a la lucha legítima de campesinos abandonados por la 4T, una afirmación que al obispo Sigifredo Noriega Barceló le costó en su momento la incontinencia verbal del morenista Rubén Flores Márquez.
Por supuesto que coyunturas así atraen la atención de la carroña política para lucrar en favor de sus propios intereses. Pero la dupla entre el alcalde Miguel Varela y la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, no es el único indicio luego del anuncio para la compra de 1 mil 500 toneladas de frijol zacatecano a unos 20 pesos por kilo, que requerirían una inversión de apenas 30 millones de pesos.
Recuérdese que en sesión del 24 de marzo, días antes de firmado el acuerdo entre productores, la Secretaría General de Gobierno y Alimentación para el Bienestar para la compra de 1 mil 500 toneladas a 27 pesos el kilo, el diputado Carlos Peña ya había presentado una iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhortaba al Gobierno federal a que, a través de SADER y SEGALMEX, se realizaran las gestiones para ampliar los alcances del programa de frijol y de Precios de Garantía.
Y en la discusión de la iniciativa, aprobada de urgente y obvia resolución, hasta se propuso que el Gobierno del Estado le entrara al quite con una bolsa de mil millones de pesos para la compra de frijol, incluso afirmando que se podía echar mano del recurso que se iba a destinar al Viaducto elevado que nadie pidió.
Estas afirmaciones populistas, sin embargo, estaban fuera de toda proporción, como lo expusimos en este espacio en aquel entonces, no sólo por la insuficiencia presupuestal para integrar dicha bolsa, sino porque incluso teniendo el recurso, esto no resolvía el fondo del problema: la corrupción que derivó en la protesta.
Será por ignorancia, por creer en falsos líderes o por permitir la intromisión de otros intereses, las y los productores afectados han canalizado sus protestas al Poder Legislativo de Zacatecas, en cuyas manos no está la solución (de hecho, son los que tienen menos injerencia en el tema), o al Gobierno del Estado (particularmente contra el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes), que no tiene vela en el entierro tratándose del programa federal de Precios de Garantía.
Y mientras el conflicto se atora entre intereses políticos en el estado, el Gobierno federal (único responsable del desastre) se queda callado y hace como que no ve. Total, que la «nueva gobernanza» asuma el costo de la corrupción federal que para eso son 4T.
Hoy se exige la renuncia de Rodrigo Reyes, del fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya; sel secretario de Seguridad, Arturo Medina Mayoral; y del director de Seguridad Vial, Oswaldo Caldera, por las violentas y arbitrarias detenciones del pasado fin de semana. Pero sus renuncias tampoco van a resolver el problema de fondo.
Porque no sólo hay que exigir la renuncia del mentado Ángel Olais o de funcionarios de la Secretaría del Campo involucrados en el coyotaje institucional, o la separación del cargo del diputado Jesús Padilla y del alcalde de Sombrerete, Ramiro Hinojosa, también embarrados en este esquema de corrupción.
Urge transparencia en el programa de Precios de Garantía. Urge transparencia en el padrón de beneficiarios del programa. Urge que el Gobierno federal, principal responsable de este desastre, dé la cara a las y los productores zacatecanos.
Lo dijimos varias veces en este espacio: las cifras oficiales no cuadran con sus padrones de beneficiarios, no sólo en el caso del programa de Precios de Garantía, sino en los demás programas dirigidos al campo zacatecano.
Finalmente, si el alcalde Miguel Varela (acusado de interferir en las legítimas demandas de productores) o la gobernadora Tere Jiménez piensan que esta coyuntura jugará en su favor, que no se le olvide que en su momento hubo un Rubén «N» que pretendió capitalizar políticamente las protestas de jóvenes universitarios ante los casos de homicidios de estudiantes hace un par de años… y así le fue.
Ojalá que nuestra clase política, de todos los colores, entienda que las causas ciudadanas son ciudadanas, que la protesta es un acto de resistencia contra la autoridad, y que las manifestaciones seguirán hasta que la dignidad se haga costumbre.
